La próxima
audiencia fue convocada para el viernes 10 de septiembre a partir de las 9.00
hs. Se prevé que continúe el alegato del Ministerio Público Fiscal.
Son 21 los imputados en este proceso, por 135 víctimas, entre ellas 7 embarazadas.
Embarazadas
lunes, 8 de septiembre de 2014
martes, 26 de agosto de 2014
43° audiencia
En la jornada del viernes 22 de agosto de 2014 se
escucharon tres declaraciones indagatorias y se fijó la fecha para el inicio de
los alegatos de las partes.
En primer lugar declaró Miguel Osvaldo Etchecolatz, quien dijo estar preocupado y
desorientado y querer expresar la verdad con firmeza y cortesía. Indicó que
examinó detenidamente la causa por la que está aquí imputado y llamó la
atención sobre la no identificación de quienes participaron en el operativo en
el que asesinaron a Luis Eduardo Sixto Bearzi y Marcelo Gabriel José Bettini.
En el resto de su declaración expuso sobre temas siempre recurrentes en sus
declaraciones indagatorias: la sumisión de la policía al ejército, la
organización interna de Montoneros, la amenaza del marxismo a los valores
tradicionales, las leyes que avalaron la represión.
Luego fue el turno de escuchar a Roberto Armando Balmaceda, quien dijo que como miembro del Ejército
argentino, de familia militar, cumplió con leyes y normas dictadas por otras
instancias y que las fuerzas de seguridad fueron un instrumento del poder
político. Dijo que las leyes a las que se refería habían sido dictadas por un
gobierno constitucional y que muchos dirigentes políticos actuales estuvieron de
acuerdo con ellas en aquel momento. Al igual que otros imputados dijo que el
Ejército es una estructura jerárquica en la que las órdenes deben cumplirse y
luego pueden ser objetadas. Según aprendió, el jefe es el único responsable de
todo lo que sucede.
Señaló que ellos están siendo juzgados por leyes
ajenas al Código de Justicia Militar y la reglamentación dictada por el Proceso
de Reorganización Nacional y la legislación del gobierno anterior a aquel. Citó
la Ley 14029
–Código de Justicia Militar de 1951-, los Decretos 1454/1973 –Prohibición del
ERP-, 1368/1974 –Estado de Sitio-, 2452/1975 –Prohibición de Montoneros-,
2770/1975, 2771/1975 y 2772/1975 –Consejo de Seguridad Interna, Consejo de
Defensa, Operaciones militares y de Seguridad-, 4060/1975 –Prohibición del
Partido Auténtico-, la
Directiva 404/1975 –Lucha contra la Subversión- y la Orden Parcial
405/1976 –Reestructuración de jurisdicciones-.
A su entener el Estado había sido agredido y las
fuerzas de seguridad se encontraban sobrepasadas; entonces se dictaron órdenes
y directivas para neutralizar o eliminar al enemigo u oponente que se esconde
en las sombras y actúa subrepticiamente. Le pareció que toda la población
compartía esa vivencia, incluyendo al poder judicial. En ese sentido citó
expresiones del juez Eugenio Raúl Zaffaroni.
Luego se dedicó al reglamento de Estados Mayores para
aclarar algunos puntos sobre la estructura de las fuerzas armadas. Dijo que
éstos son conocidos solamente por algunos oficiales y que no son obligatorios
para todos.
Dijo que su jefe, Alejandro Agustín Arias Duval,
había creado la Central
de Reunión de Inteligencia como apoyo del Comando de Brigada de Infantería X y
que no era un elemento orgánico. Aclaró también que en todos los legajos de la
unidad el primer destino es la
Central de Reunión de Información, que Arias Duval creó a
pedido del Comandante del Cuerpo, y que desde allí los iba nombrando para
desempeñarse en las distintas secciones del Destacamento. Como integrante de la Central de Reunión de
Inteligencia no participó de nada, era un nombramiento nominal.
En el Destacamento fue primero oficial de claves. En
cuanto a su lugar en la tan estricta estructura, dijo haber ocupado el grado
más bajo en el escalafón -Teniente Primero- entre sus compañeros del Destacamento
101. Se dedicó a estudiar la seguridad del Destacamento, un estudio que lo
llevó a indagar a 5 km
a la redonda; su propósito principal era garantizar que la información del
lugar no llegara a “manos enemigas”.
Después de tres meses fue nombrado Jefe de la Sección
Contrainteligencia y no tenía personal dependiente, salvo un
suboficial; no lo recordaba bien, pero cree que se trataba de un auxiliar de
claves. Más adelante indicó que entre 1977 y 1979 no tuvo Personal Civil de
Inteligencia (PCI) a sus órdenes.
También pareció fallarle la memoria cuando quiso
recordar cuándo se presentó en la unidad. Cree que fue el 1° de febrero de
1978, aunque figure su pase el 26 de diciembre de 1977. Dijo que en 1977 no
estuvo en el Destacamento.
Después de su nombramiento como Jefe de la Sección
Contrainteligencia del Destacamento 101 continuó con sus
funciones anteriores y siguió impartiendo clases en la Escuela de Inteligencia de
la Policía de
la Provincia
de Buenos Aires, cosa que hacía dos veces por semana. También colaboró con
Jorge Héctor Di Pasquale en la preparación de agentes secretos que se
infiltraran en Chile.
También recordó un viaje que realizó con la Escuela de Inteligencia a
otros países sudamericanos – Chile, Perú- para ver cómo desarrollaban sus
medios de reunión de información.
Como lo hizo Cacivio, alabó el celo con el que el
imputado Claudio Raúl Grande trabajaba frente a su máquina hasta la madrugada y
reiteró que el responsable de todo lo que sucedía era el jefe de la unidad,
Alejandro Agustín Arias Duval. Aseguró que si este estuviera presente, asumiría
la responsabilidad.
También insistió en que las tareas dentro del
Destacamento estaban compartimentadas y que no tenía la posibilidad de
preguntar ni saber qué hacían los demás. Afirmó que las Áreas eran las que
manejaban los lugares de reunión de detenidos –es decir, centros clandestinos
de detnción- y que los mismos no estaban a cargo de unidades especializadas
como la suya. Agregó que el Área tenía un listado de los detenidos y por medio
del Comando de Operaciones Tácticas (COT) llevaba los movimientos que se hacían
en la jurisdicción.
Finalmente, Carlos
del Señor Hidalgo Garzón declaró por teleconferencia desde Ezeiza. El
imputado rechazó todos y cada uno de los términos de la acusación. El imputado
dijo que tampoco estuvo en La
Plata en 1977.
A fines de 1976 egresó de la Escuela de Inteligencia y
fue destinado al Destacamento 101. Él vivía en Capital Federal, no había
domicilio en La Plata ,
no quería viajar todos los días y su esposa estaba enferma. Entonces le pidió
al Jefe del Destacamento, la única vez que viajó a La Plata , que tomara en cuenta
todo esto. Arias Duval, conmovido por la solicitud, aceptó que fuera destinado
al Batallón de Inteligencia 601, en donde no estaba en contacto con nadie. Allí
fue designado en la
Compañía A , Sección Reunión Exterior, por lo que sus
actividades se centraron fuera de la Argentina.
Afirmó que nada de lo que está en su legajo es
cierto; esa información encubría sus verdaderas actividades como espía de otros
países. Aclaró también que no hacía inteligencia sino que reunía información.
Luego refirió su participación en el conflicto de
Malvinas y su amistad con un capitán de fragata inglés. Recordó, como en su
anterior declaración, las consecuencias psicológicas que le fueron
diagnosticadas al regresar y el tratamiento psicológico y psiquiátrico al que
se sometió.
Reiteró que era inocente, que no estuvo en La Plata e insistió en que
Alejandro Agustín Arias Duval confirmará todos sus dichos; ese es su mejor
testigo.
A continuación, el tribunal aclaró su posición sobre
la incorporación de testimonios brindados en otras instancias que no fueran las
audiencias. Después de un cuarto intermedio, en el que las partes controlaron
la prueba documental y testimonial que fue agregada, brindaron su acuerdo sin
objeciones y se acordó la fecha de inicio de la etapa de alegatos.
La próxima audiencia fue convocada para el miércoles
3 de septiembre a partir de las 10.00 hs. Se prevé escuchar entonces el alegato
del Ministerio Público Fiscal.
42° audiencia
En la jornada del miércoles 20 de agosto de 2014 se
escuchó la última declaración testimonial y continuaron las declaraciones de
los imputados.
En primer lugar declaró Ana María Sabio, esposa
de Alberto Omar Diessler, quien permaneció secuestrado en La Cacha
durante 1977.
Ana María era estudiante avanzada de Derecho en la Universidad Nacional
de La Plata
(UNLP) y Alberto estudiaba Ingeniería Mecánica en la Universidad Tecnológica
Nacional (UTN). En la noche del 19 de abril de 1977 Alberto había regresado de
la facultad y terminaba de bañarse; ella estaba amamantando a su hijo, nacido
dos días antes, cuando escuchó el ruido de autos que frenaban frente a su casa,
puertas que se abrían y cerraban, pasos, corridas, gritos y golpes fuertes en
la puerta y la ventana de su habitación. El numeroso grupo de hombres se
identificó como perteneciente a las Fuerzas Conjuntas. Alberto abrió la puerta,
lo tiraron al piso y lo llevaron al fondo. Ana María recordó que eran entre
doce y quince personas las que sitiaron su casa, algunos vestidos de civil,
otros con borceguíes militares, todos armados.
Recordó especialmente a uno de ellos, quien le
preguntaba insistentemente sobre cuándo había nacido su hijo. A su marido lo
interrogaban por Cacho. Después de un
tiempo, a Alberto le taparon la cabeza con la funda de una almohada y se lo
llevaron apenas vestido, esposado.
Más adelante en su declaración, se le exhibieron
fotos entre las que creyó reconocer a algunas de las personas que participaron
en el secuestro de Alberto aquella noche. En ese reconocimiento surgieron
algunos nombres asociados a esta causa, Claudio Raúl Grande, Juan Carlos
Herzberg, César Emilio Branne, entre otros.
Ana María recordó todos los meses de incertudimbre
sobre el paradero de Alberto. En las primeras semanas no supo nada sobre él. En
julio, el 24 de julio, la hermana de Alberto fue a su casa y le contó que por
la noche habían recibido un llamado anónimo diciendo que Omar se encontraba en la Comisaría 8va de la La Plata y que fueran a
visitarlo aquel domingo, cuando la guardia se relajaba un poco; debían
preguntar por el Oficial Incháustegui. Ese mismo domingo fueron y le llevaron
cigarrillos; pudieron ver a Alberto después de más tres meses de desaparición.
Él se encontraba físicamente deteriorado, demacrado pero íntegro. Junto a ocho
personas más, seis hombres y dos mujeres, habían estado en La Cacha
y luego habían sido trasladados allí. Alberto le dio los nombres del resto del
grupo para avisar a las familias. A pesar de estar alojados en la Comisaría , permanecían
secuestrados; no había ninguna causa iniciada y no aparecía registrada su
detención.
En la
Comisaría las familias podían ir una vez por semana para ver
a sus seres queridos, llevarles comida. Su esposo estuvo allí desde el 28 de
junio de 1977 hasta mediados de junio de 1978, cuando fue llevado a la Unidad Penal 9. Todo
el grupo de Alberto pasó por un Consejo de Guerra. Él fue acusado de
encubrimiento de asociación ilícita de aquel tal Cacho, quien nunca fue identificado ni siquiera en el expediente
militar. Lo condenaron a 6 años de prisión con inhabilitación absoluta y
Alberto dejó la cárcel después de la guerra de Malvinas. Ana María recordó la
farsa de proceso judicial que significó aquel llamado Consejo de Guerra. No
contó con un defensor, las audiencias se realizaban en secreto y las pruebas no
existían.
Con Ana María Sabio finalizaron las declaraciones
testimoniales.
Después de un cuarto intermedio se escuchó la
declaración indagatoria de Emilio
Alberto Herrero Anzorena, quien repasó someramente su carrera militar y se
ocupó principalmente de citar la legislación desarrollada en los años
anteriores a la última dictadura.
El imputado refirió que ingresó al Colegio Militar en
1962 y egresó en 1964, desempeñándose en el Ejército hasta 1987 cuando solicitó
su retiro. Negó haber integrado un grupo organizado de poder e interpretó que
la acusación que se le hace como autor mediato es equivalente a ser autor
intelectual. Continuó con su interpretación diciendo que al ser Capitán –en
aquel momento- era un oficial subalterno que no podía ser autor de los planes
de las Fuerzas Armadas. Subrayó que cumplió órdenes en vigencia y se atuvo a
los reglamentos militares.
Luego citó profusamente los decretos 1368/1974
–Estado de Sitio-, 2452/1975 –Prohibición de Montoneros-, 2770/1975, 2771/1975
y 2772/1975 –Consejo de Seguridad Interna, Consejo de Defensa, Operaciones
militares y de Seguridad- y la Ley
20840 –Seguridad Nacional-. Indicó que la represión fue organizada durante un
gobierno electo democráticamente que contaba con el aval del Congreso. También
citó un radiograma del presidente Juan Domingo Perón por el ataque a la Guarnición Militar
de Azul y una carta pública de Oscar Del Barco para sustentar sus ideas.
Reiteró airadamente que el país se encontraba en
guerra, que las Fuerzas Armadas se enfrentaban con otros ejércitos y que eran
dos bandos en pugna, no una persecución de los que pensaban distinto.
No se refirió al golpe militar que instauró la
dictadura ni a sus funciones específicas dentro del Ejército; dijo no recordar
su vida pasada con detalle y omitió referirse a algún tema específico relativo
a la causa.
A continuación declaró Gustavo Adolfo Cacivio, reconocido por las personas liberadas como El Francés. Según sus dichos, sus
compañeros le decían Cachi. Su declaración
versó sobre tópicos similares a los de Herrero Anzorena.
Dijo haber ingresado en el Colegio Militar en 1961 y
haber abrazado vocacionalmente la carrera. Egresó también en 1964 y fue
destinado al Batallón 601. Se dedicó durante cuatro años a eliminar las villas
y trasladar a las personas a barrios transitorios.
Luego se enfrascó en enumerar lo que llamó el
accionar de las organizaciones terroristas que, para él, estaban dirigidas
desde Cuba con el fin de formar nuevas Sierra Maestra o Vietnam. Como lo
hiciera Herrero Anzorena, dijo que hubo una guerra, aunque matizó la idea
diciendo que se trataba de una guerra no convencional, una guerra
revolucionaria. Dijo también sentirse muy afectado por la muerte de sus
soldados.
Por otra parte, indicó que desde su punto de vista no
se trató de un aniquilamiento total y citó como prueba de ello que muchos
sobrevivientes declararon en el juicio. Señaló que obedecía órdenes que
emanaban del comando superior inmediato y que éstas, que eran impartidas en
modo parcial, llegaban hasta cierto nivel en forma escrita y luego eran sólo
verbales.
Se refirió también a Claudio Raúl Grande, quien fue
escribiente de la
Sección Reunión Interior. Ensalzó la carrera del imputado,
refiriendo lo trabajador y estudioso que era. En cuanto a Carlos del Señor
Hidalgo Garzón, recordó que se conocían desde el Colegio Militar y que sólo se
desempeñó en el Destacamento 101 durante 48 ó 72 horas.
Por su parte, Cacivio dijo haberse desempeñado en el
Destacamento 101 entre enero de 1976 y agosto de 1977. Según él, su función era
llevar el cuadro de situación de Inteligencia. A partir de sus dichos se
entendió que tenía conocimiento de todas las personas que eran buscadas y
cuáles eran encontradas y permanecían secuestradas, ya que intentaba registrar
cómo iban desarticulando gradualmente las organizaciones políticas.
Reconoció haber estado en contacto con un grupo de
personas secuestradas en la
Brigada de Investigaciones de La Plata ; algunas de ellas
fueron vistas también en La Cacha como María
Magdalena Mainer, Pablo Joaquín Mainer, Guillermo Marcos García Cano, Graciela
Irene Quesada. Reconoció también obtener información de las personas
secuestradas y entregar los informes que realizaba al segundo jefe del
Destacamento, Ricardo Alberto Ducrós, quien a su vez los elevaba al jefe,
Alejandro Agustín Arias Duval y éste a la Jefatura II del I
Cuerpo de Ejército.
Afirmó que redactaba sus informes de manera
despersonalizada, que a veces –obedeciendo órdenes- asistía a algunos
operativos para verificar que ciertas pruebas no se perdieran y que las
personas que eran secuestradas lo eran por órden de la jefatura de área.
Luego declaró Raúl
Ricardo Espinoza, a quien las personas liberadas conocieron con el apodo Jota. Dijo no sentirse responsable por
los hechos que se le imputan, delitos cometidos durante 1977 ni durante 1978.
Afirmó que sus funciones en el Destacamento 101 solamente se limitaban a ser
correo entre esa dependencia y la Jefatura II , llevando documentos en un maletín
cerrado. También refirió que durante 1978 estuvo ocupado desde febrero haciendo
un curso en Buenos Aires, entre mayo y julio convalesciente por haberse
quebrado una pierna jugando el fútbol y, a partir de agosto, sufriendo las
consecuncias de un accidente en moto.
A continuación declaró Rufino Batalla, quien aseveró que no fue un prófugo de la justicia;
permaneció un tiempo sin poder ser ubicado simplemente porque no se imaginaba
que lo buscaban. Dijo que su familia, que vive en Formosa, por razones
económicas no puede visitarlo en Marcos Paz. Rechazó suscintamente las
imputaciones en su contra y dijo confiar en la justicia. Luego envió un saludo
a su familia que estaría viendo la audiencia transmitida por internet y saludó
también a todos los jueces.
Luego fue el turno de Isaac Crespín Miranda, quien relató que en 1960 ingresó en la Escuela Penitenciaria.
Luego rememoró los distintos cargos en los que se desempeñó y su egreso de la Escuela de Inteligencia de
la Policía de
la Provincia
de Buenos Aires en 1970. A
partir de entonces fue responsable de una pequeña división de inteligencia
dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense. A partir de 1973 lo destinaron a
Azul como Jefe de Seguridad Interna y luego al Delta del Paraná.
Entre 1974 y 1975 volvió a la jefatura a ocuparse del
departamento de inteligencia. Aclaró que centraban su accionar en las cárceles
en las que había detenidos políticos, subversivos según su expresión: Unidad 9
de La Plata ,
Unidad 2 de Sierra Chica, también Bahía Blanca y San Nicolás. Según el
imputado, su función era informar a Fernando Aníbal Guillén sobre lo que
sucedía en cada repartición, para lo que visitaba las distintas unidades
penitenciarias. Dijo además que el imputado Héctor Raúl Acuña lo acompañó en
algunos temas y visitas que tuvo que realizar.
Por otra parte, indicó que reportaban novedades al
Destacamento de Inteligencia 101 que dependía del jefe de subzona. Dijo también
que no podía negar que conocía que había lugares clandestinos de detención,
pero que no tenía jurisdicción en ellos. Negó rotundamente que alguien del
Servicio Penitenciario actuara dentro de ellos, aunque también dijo desconocer
quiénes lo hacían.
Finalmente, declaró Pedro Anselmo Palavezzati. Nuevamente negó la vinculación con los
crímenes que se le imputan y reiteró los términos de su declaración anterior.
En esta oportunidad describió lo que era un día de trabajo en la Sección Reunión
Interior del Destacamento 101 durante 1977. También habló sobre la relación con
la Dirección
de Inteligencia de la Policía
de la Provincia
de Buenos Aires (DIPPBA). Dijo que solamente hacían requerimientos a aquella
dependencia y que no le enviaban información. El tribunal le exhibió una serie
de documentos que contradecían los dichos del imputado, quien intentó explicar
las distintas situaciones que pondrían en entredicho sus afirmaciones.
La próxima audiencia fue convocada para el viernes 22
de agosto a partir de las 10.00 hs. Se prevé la declaración de más imputados y
la resolución de algunos temas pendientes antes de pasar a la etapa de los
alegatos.
miércoles, 20 de agosto de 2014
41° audiencia
La jornada del viernes 15 de agosto de 2014 comenzó
con la lectura de varias resoluciones del tribunal que quedaban pendientes.
Entre ellas, el rechazo del pedido de ampliación de la acusación por delitos
sexuales planteado en la audiencia anterior.
También se sancionó al abogado Juan José Losinno,
defensor de Claudio Raúl Grande, con un benigno llamado de atención para que
deje de aproximarse a los testigos. Por su parte, el juez Carlos Alberto
Rozanski aclaró que su voto fue más contundente que el de los jueces Pablo
Jantus y Pablo Daniel Vega. Rozanski indicó que, dado que esta misma situación
ya se dio al inicio de las audiencias, no pueden mantenerse impávidos ante la
reiteración del acoso que Losinno ejerce con los testigos y que, siendo
evidente que al abogado los llamados de atención no lo impresionan, debe
imponerse una sanción más grave, el apartamiento de la defensa que ejerce. Tal
vez esa sería la única sanción eficiente para que estos incidentes no se
repitan. Sin embargo, gracias el voto de la mayoría, Losinno aún tendrá otra
oportunidad para demostrar si hace caso a los apercibimientos o continúa
persiguiendo a los testigos.
Luego se escuchó la ampliación de la declaración
indagatoria de Miguel Ángel Amigo,
quien sólo respondió a las preguntas de su abogado defensor. Volvió a referirse
a cuestiones ya expresadas en su declaración anterior, fundamentalmente a que
no estuvo en La Plata durante el año 1977 y se emocionó recordando su
convalescencia y las visitas que su superior, Alejandro Agustín Arias Duval,
realizaba a su domicilio, preocupado por su estado de salud. Recordó también
que cuando fue herido su esposa estaba embarazada de 6 meses y su hijo nació el
8 de marzo de 1977. Reiteró que permaneció con atención psiquiátrica hasta
noviembre de aquel año y que sus jefes lo calificaron sin dejar constancia de
estos incidentes para no perjudicar su legajo.
A continuación declaró el imputado Carlos María Romero Pavón. Indicó que
se integró orgánicamente en el Destacamento 101 el 5 de diciembre de 1977 y que
previamente se había desempeñado en Inteligencia en San Nicolas, Provincia de
Buenos Aires. Reconoció que a partir del 7 de mayo de 1977 estuvo destinado en
comisión en el Destacamento 101 como sanción por negligencia, ya que habían
considerado que carecía de la aptitud adecuada para las tareas de inteligencia.
Sin embargo, no explicó cómo teniendo un concepto tan negativo de su desempeño,
pasó a ser Jefe de la Sección Reunión Interior en el Destacamento 101 en
diciembre de 1977.
También explicó que mientras duró su comisión en el
Destacamento 101 entre mayo y diciembre de 1977 se desempeñó como docente en la
escuela de inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires,
impartiendo contenidos normales de doctrina militar. Mientras, en el
Destacamento 101, dijo no tener un rol orgánico definido y por las tardes
preparaba sus clases. A principios de junio de 1977 se integró en la Sección
Reunión Interior y trabajó con Anselmo Pedro Palavezzati hasta que este dejó el
Destacamento. Sus tareas dentro de esa sección eran de seguimiento y lectura de
medios de comunicación de las provincias de Buenos Aires y La Pampa.
Insistió en que entre mayo y diciembre de 1977 no
dependió orgánicamente del Destacamento 101; su superior estaba en San Nicolás,
y recién el 5 de diciembre de 1977 se integró orgánicamente al lugar. Por ello
dijo desconocer las imputaciones y la responsabilidad que se le atribuye.
Luego amplió su declaración indagatoria Héctor Raúl Acuña, quien se explayó
sobre cuestiones para nada relacionadas con lo sucedido en La Cacha. Se entretuvo en recordar su enfrentamiento con Roberto
Pettinato, el movimiento encubierto del que participó para hacerle saber su
descontento, su detención en la Escuela de Cadetes, la revuelta y
acuartelamiento en la Unidad 9 y Sierra Chica. Dijo que a su entender no lo
pudieron doblegar, que cree firmemente en la ideología resumida en el lema
“Dios, Patria, Hogar” y sentirse orgulloso por la carrera que forjó. En cuanto
a su desempeño, dijo que en 1973 permaneció seis meses con licencia
psiquiátrica. Negó haber estado en la Unidad 9 entre 1973 y 1975, aunque
recordó que el único día que estuvo allí fue el de “la requisa” –la brutal
requisa del 13 de diciembre de 1976 que todos los presos recuerdan-. También
negó haber conocido a Samuel Leonardo Slutzky y haber estado destinado en La Cacha.
La audiencia finalizó con declaración indagatoria de Juan Carlos Herzberg, quien se refirió
a las funciones de la Fuerza de Tareas nro. 5. Dijo que la misma realizaba
tareas de vigilancia y seguridad, patrullajes, control de caminos y,
eventualmente, de objetivos. Recordó que el jefe de área era el jefe del
Regimiento de Infantería 7 y el subjefe de área era el Contraalmirante Estevez
de la Escuela Naval.
Dijo que no era una fuerza operativa sino de
seguridad y que las patrullas eran ordenadas por el jefe del Regimiento 7,
aunque había algunas que las hacían por su cuenta. Señaló que en caso de
detener a alguien, debían entregarlo al mismo Regimiento o a una comisaría,
aunque no lo recordaba bien. También negó conocer La Cacha en aquella época, cuando estaba destinado en Río Santiago,
y haber estado involucrado en el secuestro de Carlos Esteban Alaye.
La próxima audiencia fue convocada para el miércoles
20 de agosto a partir de las 10.00 hs. Se prevé la declaración de un último
testigo y la declaración indagatoria de algunos imputados.
40° audiencia
La jornada del miércoles 13 de agosto de 2014,
primera audiencia después del receso invernal, se inició con el pedido de
aclaración al abogado Juan José Losinno respecto de un incidente que tuvo lugar
en la última audiencia.
El abogado reconoció haber abordado a una testigo
liberada de La Cacha para hacerle
distintos comentarios sobre la documentación que presentó relacionada con
Estanislao Chiara Vieyra, según explicó. Después de esto volvió a agregar más
documentación sobre el círculo familiar de Chiara Vieyra. Más adelante, una de
las querellas llamó la atención sobre una nueva aproximación del abogado Losinno
a otro testigo.
Por su parte, el fiscal solicitó escuchar la
declaración de una nueva testigo –que declarará próximamente- y la querella de
Abuelas de Plaza de Mayo pidió que sean agregadas en la causa las copias
pertinentes al estudio inmunogenético por el que se identificó al hijo de Laura
Estela Carlotto y la copia de su partida de nacimiento.
A continuación se escuchó la declaración de Juan Carlos Nóbile, licenciado en
antropología, docente de la Universidad Nacional de Rosario y colaborador del
Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), quien se refirió al trabajo
realizado durante 2012 en el predio en el que funcionó La Cacha.
Declaró que Gendarmería estudió el terreno con un
georradar para verificar las posibles alteraciones en el subsuelo. A partir de
las zonas indicadas comenzaron las excavaciones en seis sectores.
En la zona de caniles el terreno aparecía modificado
por la extracción de raíces de árboles, canalizaciones relacionadas con las
instalaciones eléctricas antiguas y el enterramiento de perros. En el sector
interno de lo que hoy funciona como un gimnasio se encontró la antigua pileta
de refrigeración de la planta transmisora de radio. Ésta había sido rellenada
con escombros y residuos que pudieron datar como pertenecientes al fin de la
década de los ´90. En esa pileta además encontraron un elástico de cama de
acero.
En un tercer sector, cercano a lo que hoy funciona
como comedor, y que se utilizaba como estacionamiento, encontraron los restos
de lo que fue una construcción con sótano, con una vereda que la rodeaba. El
piso del sótano se encontraba a 1,60 m de profundidad respecto del nivel del
terreno. Encontraron también las bases de la unidad de transmisión con tabiques
para sostener los equipos y canales para el paso de cables. Lo que fue el
sótano de La Cacha se encontraba
rellenado con escombros de la construcción superior y evidenciaban, según
afirmó Juan Carlos, una demolición muy intensa por el pequeño tamaño de los
escombros. También encontraron cimientos que correspondían a una cocina, un
baño, salida de desagües, restos de una escalera de acceso.
Recordó además que entre los escombros que rellenabon
el sótano encontraron diversos objetos, entre ellos una picana. También frascos
de remedios, vainas de proyectiles y botones de uniformes pertenecientes al
Ejército.
Otras tres zonas fueron excavadas pero no reportaron
mayores indicios sobre La Cacha.
Después de un cuarto intermedio amplió su declaración
indagatoria Jorge Héctor Di Pasquale,
por teleconferencia desde Ezeiza. Primero hizo referencia a las limitaciones
que piensa que tuvo su defensa por haber estado en Neuquén, asistiendo como
imputado en un juicio similar a éste, sin poder seguir las audiencias por
teleconferencia. Dijo que en aquel momento no entendía la acusación que se le
hacía y que no contaba con los elementos para interiorizarse sobre ella. Indicó
que para él se trata de causas con una gran connotación política. Refirió
además que él había ofrecido como prueba libros y artículos de organizaciones
político-militares de izquierda, declaraciones de actores de la época y otros
que “operaron en la vereda de enfrente”. Luego indicó que en este juicio se lo
acusa por hechos cometidos durante el año 1977 y que en Neuquén se lo juzga por
el mismo período. Dijo haber llegado a La Plata el 20 de diciembre de 1977 y
que en aquel momento no le dieron vivienda; tuvo que buscarla en Capital
Federal y recién a mediados de enero de 1978 logró mudarse completamente.
También señaló que Roberto Armando Balmaceda llegó con él al Destacamento 101.
No aceptó responsabilizarse por ningún hecho imputado
pero reconoció que en 1978 fue Jefe del Grupo de Actividades Especiales de
Inteligencia, cuyos objetivos eran dos: preparar agentes secretos para infiltrarse
en Chile y dedicarse a la seguridad de las unidades militares en el marco del
Mundial a realizarse aquel año. Señaló que sus superiores inmediatos fueron
entonces Ricardo Alberto Ducrós y Alejandro Agustín Arias Duval. Negó recibir
órdenes para detener personas, custodiar o trasladar detenidos o tener la
capacidad para inscribir personas a disposición del PEN. Reconoció que en el
Destacamento 101 tuvo alrededor de noventa subordinados a su cargo y que las
actividades de cada sección dentro del Destacamento eran específicas. También
señaló que cada Destacamento contaba con una organización diferente, incluso a
veces poco relacionada con lo que indicaba el reglamento.
Después de esta declaración, las representantes de la
querella integrada, entre otros, por la Asociación de Ex Detenidos
Desaparecidos (AEDD) amplió su acusación sobre diecisiete imputados por delitos
sexuales.
Se refirieron al tipo especial de violencia que
constituye la tortura sexual, una práctica habitual en el marco del genocidio, que
tiene como fin doblegar y someter a las personas. Para la víctima la violencia
sexual representa más que una tortura y la reparación comienza con el
reconocimiento formal para poder tomar las medidas adecuadas.
Solicitaron la ampliación de la acusación de Héctor
Raúl Acuña, Miguel Ángel Amigo, Roberto Armando Balmaceda, Rufino Batalla,
Gustavo Adolfo Cacivio, Jorge Héctor Di Pasquale, Raúl Ricardo Espinoza,
Ricardo Armando Fernández, Claudio Raúl Grande, Emilio Alberto Herrero
Anzorena, Juan Carlos Herzberg, Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Isaac Crespín
Miranda, Anselmo Pedro Palavezzati, Luis Orlando Perea, Carlos María Romero
Pavón y Jaime Lamont Smart por tentativa de violación en perjuicio de Berta
Noemí Itzcovich y Stella Maris Bojorge. También solicitaron la ampliación de la
acusación por abuso deshonesto a los mismos acusados por todos los casos que
cada uno ya tiene imputados por privación ilegal de la libertad y aplicación de
tormentos.
Después de un cuarto intermedio, el defensor de Luis Orlando
Perea –Martín Herrero Carré-, el de Claudio Raúl Grande –Juan José Losinno-, el
defensor oficial ad hoc Martín José
Adrogué y Jaime Lamont Smart se pronunciaron por el rechazo de la ampliación de
la acusación solicitado anteriormente.
La próxima audiencia fue convocada para el viernes 15
de agosto a partir de las 10.00 hs.
martes, 19 de agosto de 2014
Cronograma de audiencias
La próxima audiencia fue
convocada para el miércoles 20 de agosto a partir de las 10.00 hs. Se prevé la
declaración de un último testigo y la indagatoria de algunos de los imputados.
martes, 12 de agosto de 2014
Cronograma de audiencias
La próxima
audiencia está prevista para el miércoles 13 de agosto, con la declaración de Juan
Nóbile, del EAAF, quien participó en la excavación que se realizó en el año 2010
en el predio en el que funcionó La
Cacha para encontrar los restos del edificio.
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