42° audiencia

En la jornada del miércoles 20 de agosto de 2014 se escuchó la última declaración testimonial y continuaron las declaraciones de los imputados.

En primer lugar declaró Ana María Sabio, esposa de Alberto Omar Diessler, quien permaneció secuestrado en La Cacha durante 1977.

Ana María era estudiante avanzada de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y Alberto estudiaba Ingeniería Mecánica en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). En la noche del 19 de abril de 1977 Alberto había regresado de la facultad y terminaba de bañarse; ella estaba amamantando a su hijo, nacido dos días antes, cuando escuchó el ruido de autos que frenaban frente a su casa, puertas que se abrían y cerraban, pasos, corridas, gritos y golpes fuertes en la puerta y la ventana de su habitación. El numeroso grupo de hombres se identificó como perteneciente a las Fuerzas Conjuntas. Alberto abrió la puerta, lo tiraron al piso y lo llevaron al fondo. Ana María recordó que eran entre doce y quince personas las que sitiaron su casa, algunos vestidos de civil, otros con borceguíes militares, todos armados.

Recordó especialmente a uno de ellos, quien le preguntaba insistentemente sobre cuándo había nacido su hijo. A su marido lo interrogaban por Cacho. Después de un tiempo, a Alberto le taparon la cabeza con la funda de una almohada y se lo llevaron apenas vestido, esposado.

Más adelante en su declaración, se le exhibieron fotos entre las que creyó reconocer a algunas de las personas que participaron en el secuestro de Alberto aquella noche. En ese reconocimiento surgieron algunos nombres asociados a esta causa, Claudio Raúl Grande, Juan Carlos Herzberg, César Emilio Branne, entre otros.

Ana María recordó todos los meses de incertudimbre sobre el paradero de Alberto. En las primeras semanas no supo nada sobre él. En julio, el 24 de julio, la hermana de Alberto fue a su casa y le contó que por la noche habían recibido un llamado anónimo diciendo que Omar se encontraba en la Comisaría 8va de la La Plata y que fueran a visitarlo aquel domingo, cuando la guardia se relajaba un poco; debían preguntar por el Oficial Incháustegui. Ese mismo domingo fueron y le llevaron cigarrillos; pudieron ver a Alberto después de más tres meses de desaparición. Él se encontraba físicamente deteriorado, demacrado pero íntegro. Junto a ocho personas más, seis hombres y dos mujeres, habían estado en La Cacha y luego habían sido trasladados allí. Alberto le dio los nombres del resto del grupo para avisar a las familias. A pesar de estar alojados en la Comisaría, permanecían secuestrados; no había ninguna causa iniciada y no aparecía registrada su detención.

En la Comisaría las familias podían ir una vez por semana para ver a sus seres queridos, llevarles comida. Su esposo estuvo allí desde el 28 de junio de 1977 hasta mediados de junio de 1978, cuando fue llevado a la Unidad Penal 9. Todo el grupo de Alberto pasó por un Consejo de Guerra. Él fue acusado de encubrimiento de asociación ilícita de aquel tal Cacho, quien nunca fue identificado ni siquiera en el expediente militar. Lo condenaron a 6 años de prisión con inhabilitación absoluta y Alberto dejó la cárcel después de la guerra de Malvinas. Ana María recordó la farsa de proceso judicial que significó aquel llamado Consejo de Guerra. No contó con un defensor, las audiencias se realizaban en secreto y las pruebas no existían.

Con Ana María Sabio finalizaron las declaraciones testimoniales.

Después de un cuarto intermedio se escuchó la declaración indagatoria de Emilio Alberto Herrero Anzorena, quien repasó someramente su carrera militar y se ocupó principalmente de citar la legislación desarrollada en los años anteriores a la última dictadura.

El imputado refirió que ingresó al Colegio Militar en 1962 y egresó en 1964, desempeñándose en el Ejército hasta 1987 cuando solicitó su retiro. Negó haber integrado un grupo organizado de poder e interpretó que la acusación que se le hace como autor mediato es equivalente a ser autor intelectual. Continuó con su interpretación diciendo que al ser Capitán –en aquel momento- era un oficial subalterno que no podía ser autor de los planes de las Fuerzas Armadas. Subrayó que cumplió órdenes en vigencia y se atuvo a los reglamentos militares.

Luego citó profusamente los decretos 1368/1974 –Estado de Sitio-, 2452/1975 –Prohibición de Montoneros-, 2770/1975, 2771/1975 y 2772/1975 –Consejo de Seguridad Interna, Consejo de Defensa, Operaciones militares y de Seguridad- y la Ley 20840 –Seguridad Nacional-. Indicó que la represión fue organizada durante un gobierno electo democráticamente que contaba con el aval del Congreso. También citó un radiograma del presidente Juan Domingo Perón por el ataque a la Guarnición Militar de Azul y una carta pública de Oscar Del Barco para sustentar sus ideas.

Reiteró airadamente que el país se encontraba en guerra, que las Fuerzas Armadas se enfrentaban con otros ejércitos y que eran dos bandos en pugna, no una persecución de los que pensaban distinto.

No se refirió al golpe militar que instauró la dictadura ni a sus funciones específicas dentro del Ejército; dijo no recordar su vida pasada con detalle y omitió referirse a algún tema específico relativo a la causa.

A continuación declaró Gustavo Adolfo Cacivio, reconocido por las personas liberadas como El Francés. Según sus dichos, sus compañeros le decían Cachi. Su declaración versó sobre tópicos similares a los de Herrero Anzorena.

Dijo haber ingresado en el Colegio Militar en 1961 y haber abrazado vocacionalmente la carrera. Egresó también en 1964 y fue destinado al Batallón 601. Se dedicó durante cuatro años a eliminar las villas y trasladar a las personas a barrios transitorios.

Luego se enfrascó en enumerar lo que llamó el accionar de las organizaciones terroristas que, para él, estaban dirigidas desde Cuba con el fin de formar nuevas Sierra Maestra o Vietnam. Como lo hiciera Herrero Anzorena, dijo que hubo una guerra, aunque matizó la idea diciendo que se trataba de una guerra no convencional, una guerra revolucionaria. Dijo también sentirse muy afectado por la muerte de sus soldados.

Por otra parte, indicó que desde su punto de vista no se trató de un aniquilamiento total y citó como prueba de ello que muchos sobrevivientes declararon en el juicio. Señaló que obedecía órdenes que emanaban del comando superior inmediato y que éstas, que eran impartidas en modo parcial, llegaban hasta cierto nivel en forma escrita y luego eran sólo verbales.

Se refirió también a Claudio Raúl Grande, quien fue escribiente de la Sección Reunión Interior. Ensalzó la carrera del imputado, refiriendo lo trabajador y estudioso que era. En cuanto a Carlos del Señor Hidalgo Garzón, recordó que se conocían desde el Colegio Militar y que sólo se desempeñó en el Destacamento 101 durante 48 ó 72 horas.

Por su parte, Cacivio dijo haberse desempeñado en el Destacamento 101 entre enero de 1976 y agosto de 1977. Según él, su función era llevar el cuadro de situación de Inteligencia. A partir de sus dichos se entendió que tenía conocimiento de todas las personas que eran buscadas y cuáles eran encontradas y permanecían secuestradas, ya que intentaba registrar cómo iban desarticulando gradualmente las organizaciones políticas.

Reconoció haber estado en contacto con un grupo de personas secuestradas en la Brigada de Investigaciones de La Plata; algunas de ellas fueron vistas también en La Cacha como María Magdalena Mainer, Pablo Joaquín Mainer, Guillermo Marcos García Cano, Graciela Irene Quesada. Reconoció también obtener información de las personas secuestradas y entregar los informes que realizaba al segundo jefe del Destacamento, Ricardo Alberto Ducrós, quien a su vez los elevaba al jefe, Alejandro Agustín Arias Duval y éste a la Jefatura II del I Cuerpo de Ejército.

Afirmó que redactaba sus informes de manera despersonalizada, que a veces –obedeciendo órdenes- asistía a algunos operativos para verificar que ciertas pruebas no se perdieran y que las personas que eran secuestradas lo eran por órden de la jefatura de área.

Luego declaró Raúl Ricardo Espinoza, a quien las personas liberadas conocieron con el apodo Jota. Dijo no sentirse responsable por los hechos que se le imputan, delitos cometidos durante 1977 ni durante 1978. Afirmó que sus funciones en el Destacamento 101 solamente se limitaban a ser correo entre esa dependencia y la Jefatura II, llevando documentos en un maletín cerrado. También refirió que durante 1978 estuvo ocupado desde febrero haciendo un curso en Buenos Aires, entre mayo y julio convalesciente por haberse quebrado una pierna jugando el fútbol y, a partir de agosto, sufriendo las consecuncias de un accidente en moto.

A continuación declaró Rufino Batalla, quien aseveró que no fue un prófugo de la justicia; permaneció un tiempo sin poder ser ubicado simplemente porque no se imaginaba que lo buscaban. Dijo que su familia, que vive en Formosa, por razones económicas no puede visitarlo en Marcos Paz. Rechazó suscintamente las imputaciones en su contra y dijo confiar en la justicia. Luego envió un saludo a su familia que estaría viendo la audiencia transmitida por internet y saludó también a todos los jueces.

Luego fue el turno de Isaac Crespín Miranda, quien relató que en 1960 ingresó en la Escuela Penitenciaria. Luego rememoró los distintos cargos en los que se desempeñó y su egreso de la Escuela de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en 1970. A partir de entonces fue responsable de una pequeña división de inteligencia dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense. A partir de 1973 lo destinaron a Azul como Jefe de Seguridad Interna y luego al Delta del Paraná.

Entre 1974 y 1975 volvió a la jefatura a ocuparse del departamento de inteligencia. Aclaró que centraban su accionar en las cárceles en las que había detenidos políticos, subversivos según su expresión: Unidad 9 de La Plata, Unidad 2 de Sierra Chica, también Bahía Blanca y San Nicolás. Según el imputado, su función era informar a Fernando Aníbal Guillén sobre lo que sucedía en cada repartición, para lo que visitaba las distintas unidades penitenciarias. Dijo además que el imputado Héctor Raúl Acuña lo acompañó en algunos temas y visitas que tuvo que realizar.

Por otra parte, indicó que reportaban novedades al Destacamento de Inteligencia 101 que dependía del jefe de subzona. Dijo también que no podía negar que conocía que había lugares clandestinos de detención, pero que no tenía jurisdicción en ellos. Negó rotundamente que alguien del Servicio Penitenciario actuara dentro de ellos, aunque también dijo desconocer quiénes lo hacían.

Finalmente, declaró Pedro Anselmo Palavezzati. Nuevamente negó la vinculación con los crímenes que se le imputan y reiteró los términos de su declaración anterior. En esta oportunidad describió lo que era un día de trabajo en la Sección Reunión Interior del Destacamento 101 durante 1977. También habló sobre la relación con la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Dijo que solamente hacían requerimientos a aquella dependencia y que no le enviaban información. El tribunal le exhibió una serie de documentos que contradecían los dichos del imputado, quien intentó explicar las distintas situaciones que pondrían en entredicho sus afirmaciones.

La próxima audiencia fue convocada para el viernes 22 de agosto a partir de las 10.00 hs. Se prevé la declaración de más imputados y la resolución de algunos temas pendientes antes de pasar a la etapa de los alegatos.