La jornada del miércoles 13 de agosto de 2014,
primera audiencia después del receso invernal, se inició con el pedido de
aclaración al abogado Juan José Losinno respecto de un incidente que tuvo lugar
en la última audiencia.
El abogado reconoció haber abordado a una testigo
liberada de La Cacha para hacerle
distintos comentarios sobre la documentación que presentó relacionada con
Estanislao Chiara Vieyra, según explicó. Después de esto volvió a agregar más
documentación sobre el círculo familiar de Chiara Vieyra. Más adelante, una de
las querellas llamó la atención sobre una nueva aproximación del abogado Losinno
a otro testigo.
Por su parte, el fiscal solicitó escuchar la
declaración de una nueva testigo –que declarará próximamente- y la querella de
Abuelas de Plaza de Mayo pidió que sean agregadas en la causa las copias
pertinentes al estudio inmunogenético por el que se identificó al hijo de Laura
Estela Carlotto y la copia de su partida de nacimiento.
A continuación se escuchó la declaración de Juan Carlos Nóbile, licenciado en
antropología, docente de la Universidad Nacional de Rosario y colaborador del
Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), quien se refirió al trabajo
realizado durante 2012 en el predio en el que funcionó La Cacha.
Declaró que Gendarmería estudió el terreno con un
georradar para verificar las posibles alteraciones en el subsuelo. A partir de
las zonas indicadas comenzaron las excavaciones en seis sectores.
En la zona de caniles el terreno aparecía modificado
por la extracción de raíces de árboles, canalizaciones relacionadas con las
instalaciones eléctricas antiguas y el enterramiento de perros. En el sector
interno de lo que hoy funciona como un gimnasio se encontró la antigua pileta
de refrigeración de la planta transmisora de radio. Ésta había sido rellenada
con escombros y residuos que pudieron datar como pertenecientes al fin de la
década de los ´90. En esa pileta además encontraron un elástico de cama de
acero.
En un tercer sector, cercano a lo que hoy funciona
como comedor, y que se utilizaba como estacionamiento, encontraron los restos
de lo que fue una construcción con sótano, con una vereda que la rodeaba. El
piso del sótano se encontraba a 1,60 m de profundidad respecto del nivel del
terreno. Encontraron también las bases de la unidad de transmisión con tabiques
para sostener los equipos y canales para el paso de cables. Lo que fue el
sótano de La Cacha se encontraba
rellenado con escombros de la construcción superior y evidenciaban, según
afirmó Juan Carlos, una demolición muy intensa por el pequeño tamaño de los
escombros. También encontraron cimientos que correspondían a una cocina, un
baño, salida de desagües, restos de una escalera de acceso.
Recordó además que entre los escombros que rellenabon
el sótano encontraron diversos objetos, entre ellos una picana. También frascos
de remedios, vainas de proyectiles y botones de uniformes pertenecientes al
Ejército.
Otras tres zonas fueron excavadas pero no reportaron
mayores indicios sobre La Cacha.
Después de un cuarto intermedio amplió su declaración
indagatoria Jorge Héctor Di Pasquale,
por teleconferencia desde Ezeiza. Primero hizo referencia a las limitaciones
que piensa que tuvo su defensa por haber estado en Neuquén, asistiendo como
imputado en un juicio similar a éste, sin poder seguir las audiencias por
teleconferencia. Dijo que en aquel momento no entendía la acusación que se le
hacía y que no contaba con los elementos para interiorizarse sobre ella. Indicó
que para él se trata de causas con una gran connotación política. Refirió
además que él había ofrecido como prueba libros y artículos de organizaciones
político-militares de izquierda, declaraciones de actores de la época y otros
que “operaron en la vereda de enfrente”. Luego indicó que en este juicio se lo
acusa por hechos cometidos durante el año 1977 y que en Neuquén se lo juzga por
el mismo período. Dijo haber llegado a La Plata el 20 de diciembre de 1977 y
que en aquel momento no le dieron vivienda; tuvo que buscarla en Capital
Federal y recién a mediados de enero de 1978 logró mudarse completamente.
También señaló que Roberto Armando Balmaceda llegó con él al Destacamento 101.
No aceptó responsabilizarse por ningún hecho imputado
pero reconoció que en 1978 fue Jefe del Grupo de Actividades Especiales de
Inteligencia, cuyos objetivos eran dos: preparar agentes secretos para infiltrarse
en Chile y dedicarse a la seguridad de las unidades militares en el marco del
Mundial a realizarse aquel año. Señaló que sus superiores inmediatos fueron
entonces Ricardo Alberto Ducrós y Alejandro Agustín Arias Duval. Negó recibir
órdenes para detener personas, custodiar o trasladar detenidos o tener la
capacidad para inscribir personas a disposición del PEN. Reconoció que en el
Destacamento 101 tuvo alrededor de noventa subordinados a su cargo y que las
actividades de cada sección dentro del Destacamento eran específicas. También
señaló que cada Destacamento contaba con una organización diferente, incluso a
veces poco relacionada con lo que indicaba el reglamento.
Después de esta declaración, las representantes de la
querella integrada, entre otros, por la Asociación de Ex Detenidos
Desaparecidos (AEDD) amplió su acusación sobre diecisiete imputados por delitos
sexuales.
Se refirieron al tipo especial de violencia que
constituye la tortura sexual, una práctica habitual en el marco del genocidio, que
tiene como fin doblegar y someter a las personas. Para la víctima la violencia
sexual representa más que una tortura y la reparación comienza con el
reconocimiento formal para poder tomar las medidas adecuadas.
Solicitaron la ampliación de la acusación de Héctor
Raúl Acuña, Miguel Ángel Amigo, Roberto Armando Balmaceda, Rufino Batalla,
Gustavo Adolfo Cacivio, Jorge Héctor Di Pasquale, Raúl Ricardo Espinoza,
Ricardo Armando Fernández, Claudio Raúl Grande, Emilio Alberto Herrero
Anzorena, Juan Carlos Herzberg, Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Isaac Crespín
Miranda, Anselmo Pedro Palavezzati, Luis Orlando Perea, Carlos María Romero
Pavón y Jaime Lamont Smart por tentativa de violación en perjuicio de Berta
Noemí Itzcovich y Stella Maris Bojorge. También solicitaron la ampliación de la
acusación por abuso deshonesto a los mismos acusados por todos los casos que
cada uno ya tiene imputados por privación ilegal de la libertad y aplicación de
tormentos.
Después de un cuarto intermedio, el defensor de Luis Orlando
Perea –Martín Herrero Carré-, el de Claudio Raúl Grande –Juan José Losinno-, el
defensor oficial ad hoc Martín José
Adrogué y Jaime Lamont Smart se pronunciaron por el rechazo de la ampliación de
la acusación solicitado anteriormente.
La próxima audiencia fue convocada para el viernes 15
de agosto a partir de las 10.00 hs.
No hay comentarios:
Publicar un comentario