La
jornada del 5 de febrero de 2014 comenzó cerca del mediodía. El juez Rozanski
aclaró que esta vez la demora tuvo dos motivos: la llegada tarde de algunos
abogados defensores y algunos problemas técnicos con la conexión con la
provincia de Neuquén.
En
primer lugar se trató el tema del comportamiento del público y de los imputados
en el desarrollo de las audiencias. El tribunal reiteró que espera que los
imputados sean instruidos adecuadamente por sus defensores para evitar
provocaciones.
A
continuación se trató la presentación de la defensa del imputado Luján, quien
recusó al juez Rozanski; el planteo está pendiente de resolución y no suspende
el juicio. Por su parte, el abogado Adrogué, representante de la mayor parte de
los imputados junto con Yanina Fanchioti, propuso considerar la extinción de la
acción penal en el caso de Etchecolatz y la aplicación de la ley más
beneficiosa para sus defendidos –según él la ley 23492, conocida como Ley de
Punto Final-; ambos planteos fueron rechazados por el tribunal por no tratarse
de cuestiones preliminares sino de fondo, que podrán discutirse llegado el
momento de los alegatos y tendrán su respuesta en la sentencia. Igual suerte
corrió el planteo del defensor de Hidalgo Garzón sobre la prescripción de la
acción penal de su defendido. También Losinno expusó sus reparos; esta vez
indicó que para él la mayor parte de las querellas no tenían legitimación para
participar en el debate, ya que habían presentado la solicitud de elevación a
juicio fuera de término; otro planteo rechazado por el tribunal después de un
breve intermedio y la respuesta de las querellas.
La
audiencia se reinició poco después con las declaraciones indagatorias. En
primer lugar declaró Eduardo Gargano,
miembro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, imputado por los
homicidios de Bearzi y Bettini. Después de las preguntas de rigor sobre sus
datos personales, se dio lectura a los hechos que se le imputan y, a
continuación, Gargano declaró que niega los hechos y la responsabilidad penal
que se le imputan; indicó además que no contestaría preguntas por recomendación
de su defensor y solicitó ser trasladado a su domicilio y no asistir a las
audiencias.
En
segundo lugar declaró Jorge Héctor Di
Pasquale, miembro de Inteligencia del Ejército; señaló que después de su
retiro trabajó de modo informal como asesor de seguridad. Actualmente está
siendo juzgado en Neuquén por crímenes similares a los tratados en este juicio.
Negó su responsabilidad sobre los hechos por no haber estado en esta
jurisdicción durante 1977 y manifestó su voluntad de participar en las
audiencias y volver a declarar cuando pueda presenciarlas.
Jorge Héctor Di Pasquale declarando por teleconferencia
En
tercer lugar declaró Miguel Osvaldo
Etchecolatz. Se explayó sobre cuestiones que reedita cada vez que se sienta
frente a un tribunal como la subordinación de la policía al ejército, su
accionar dentro de un marco legal, la guerra que se vivió en la década del ´70
iniciada por los terroristas, su lucha por la libertad y el derecho a la
familia, su defensa de la patria y el sistema de vida de los argentinos, etc.
Además de esto indicó que “mató en lucha”, sin querer precisar a quiénes ni en
qué circunstancias. Si bien sus expresiones son repudiables, no logró provocar
al público.
Miguel Osvaldo Etchecolatz después de declarar
A
continuación declaró Jaime Lamont Smart,
Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a partir de abril de 1976.
Se remitió a la defensa que ya efectuó en la causa conocida como Circuito Camps, en la que fue condenado
a prisión perpetua. Considera que se lo está juzgado doblemente en cuanto a los
hechos imputados relativos a La Cacha. En cuanto a la muerte de Bearzi y
Bettini distinguió los dos casos y se explayó sobre cuestiones relativas a la
política de Montoneros. Además discurrió sobre la teoría de Claus Roxin y unas
conferencias que el jurista dictó en Argentina y la forma en que se juzgaron
los crímenes nazis.
Jaime Lamont Smart
Después
de un cuarto intermedio, la audiencia se retomó con la indagatoria a Horacio Elizardo Luján, retirado de la
Policía de la Provincia de Buenos Aires, también condenado en la causa Circuito Camps. Si bien se negó a
declarar ahora, indicó que lo hará más adelante.
Horacio Elizardo Luján
A
continuación fue el turno de Ricardo
Armando Garachico, también retirado de la Policía de la Provincia de Buenos
Aires. Se declaró inocente y dijo que no declararía por ahora.
Ricardo Armando Garachico
En
séptimo lugar se acercó al estrado Carlos
del Señor Hidalgo Garzón, oficial de Inteligencia del Ejército y apropiador
de Laura Catalina De Sanctis Ovando, quien dijo tener problemas auditivos como
consecuencia del bombardeo que padeció en las Islas Malvinas. Su defensor,
Brunotto, renunció, por lo que cuenta ahora con la defensa oficial de Adrogué y
Fanchiotti. Si bien nunca declaró en esta causa, y tampoco lo hizo en esta
audiencia, ratificó todo lo que expresó en una serie de escritos presentados en
la causa, los cuales no fueron leídos en la audiencia.
Carlos del Señor Hidalgo Garzón
Después,
Claudio Raúl Grande, miembro civil
de inteligencia del Ejército hasta bien entrada la democracia y veterinario,
hizo una extensísima declaración que, fundamentalmente, se centró en negar que
él fuera el guardia reconocido por los sobrevivientes como Pablo. Comentó además sus declaraciones ante el juez de instrucción
y se explayó en múltiples aspectos de su vida. En cuanto al trabajo de
inteligencia que realizó durante tantos años, fue poco
lo que se atrevió a aclarar. Según el imputado sus tareas se limitaban a
la lectura y síntesis de noticias de los periódicos, sin conocer el propósito
para el que se reunía tal información ni las tareas que realizaban sus
compañeros cotidianos de trabajo. También afirmó desconocer completamente la
situación de represión, persecusión, torturas y asesinatos que se vivía en
1977; sólo se enteraba de las cosas que salían en los diarios. En cuanto a La Cacha, dijo saber de su existencia
por una compañera de facultad que fue torturada allí y por la lectura del Nunca Más. En medio de negativas y
olvidos, esbozó la estructura del área de inteligencia en la que se desempeñó;
citó varias veces a sus superiores, Anselmo Pedro Palavezzati, Carlos María
Romero Pavón y Luis Orlando Perea e hizo una descripción somera del lugar en el
que “trabajaba”.
Claudio Raúl Grande
Después
de otro cuarto intermedio, fue el turno de Miguel
Ángel Amigo, personal de inteligencia del Ejército. No declaró y solicitó
no asistir a las audiencias.
Miguel Ángel Amigo
A
continuación Juan Carlos Herzberg,
único integrante de la Armada juzgado en esta causa, apropiador de Natalia
Suárez Nelson, también se negó a declarar.
Juan Carlos Herzberg
Por
último, Ricardo Armando Fernández,
de inteligencia del Ejército, expresó que no declararía no por mentir ni
ocultar, sino porque al hacerlo se agravaría su enfermedad crónica; padece
depresión ansiosa entre otras cosas y debe ser profusamente medicado.
Ricardo Armando Fernández después de declarar
Después
de esta última declaración, el tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio
hasta el viernes 7 de febrero a las 10.00 hs. Se espera que en esa audiencia
terminen las indagatorias a los imputados restantes.
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