En
la audiencia del miércoles 26 de febrero de 2014 se escucharon tres
declaraciones.
En
primer lugar declaró por teleconferencia Carlota
Ayub Larrouse de Quesada, madre de Graciela Irene Quesada, militante de
Montoneros.
Recordó
que su hija fue secuestrada en La Plata el 17 de marzo de 1977. Supo del
secuestro de Graciela cuando su otra hija, Ana, llegó a España en donde ella
estaba exiliada desde junio de 1976. Sus dos nietos, Julia y Mariano, fueron
recuperados por los abuelos paternos.
Luis
Bearzi, el marido de Graciela, había sido asesinado en noviembre de 1976. Sus
padres, Vicente Bearzi y Beatriz Poggio, vivían en la calle 55, frente al
Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército. A través de ellos tuvo noticias
sobre Graciela; meses después de su secuestro aún seguía viva. En una
oportunidad la vieron bajar de un auto y dirigirse, acompañada por otras
personas, al Destacamento. Entonces sus hijos pudieron saludarla y estar un
rato con ella.
Más
adelante, supo a través de cartas que los padres de Luis le enviaban que
Graciela pudo visitar la casa de sus suegros acompañada por un hombre de
apellido Acuña, aunque no sabe si era ficticio.
Recordó
además que su consuegro se presentó en el Destacamento para obtener alguna
información sobre Graciela. Allí le dijeron que dejara de preguntar; cree
recordar que quien lo atendió fue un hombre de apellido Perea. También señaló
que Ramón Camps le pidió a Suárez Mason su consentimiento para que un grupo de
personas secuestradas saliera del país; entre ellas estaba su hija.
Sobre
el embarazo de Graciela tuvo noticias también a través de cartas. En una de las
oportunidades en que sus consuegros la vieron, Graciela se encontraba un poco
más gorda, tenía los pies hinchados. Vicente era obstetra y calculó que se
encontraba embarazada de cinco meses.
También
recordó una entrevista que tuvo con Patricia Pérez Catán en Ginebra. En ella
Patricia le contó que había conocido a su hija en La Cacha como Marina y
recordaba su acento mendocino. Otras noticias sobre su hija las obtuvo a través
de Patricia Rolli y José Luis Cavalieri.
Se
refirió además a las innumerables gestiones en el ámbito nacional e
internacional llevadas adelante para saber lo que sucedió con Graciela y su nieto
que debía nacer en enero de 1978.
En
segundo término declaró por teleconferencia Ana Aceli Quesada Ayub, hermana de Graciela Irene Quesada.
Se
refirió al impacto de la represión en su familia: su hermana desapareció, su
otro cuñado y su esposa, Graciela Moreno, también.
Ella
y su hermana militaban en Montoneros. En 1976 había resuelto exiliarse en
España, en donde ya estaba su madre, pero cuando asesinaron a su cuñado, Luis
Bearzi, decidió quedarse con Graciela y ayudarla con sus dos pequeños sobrinos.
Durante un tiempo mantuvo el contacto con ella, pero no sabía en dónde vivía.
Su
ex marido visitaba a la familia Bearzi y a través de ellos supo que su hermana
había sido secuestrada, ya que alguien les había avisado que debían buscar a
los niños. Diez días después del secuestro de Graciela, el 27 de marzo de 1977,
Ana llegó a España; había dado a luz poco tiempo antes.
Como
su madre también tuvo noticias de Graciela a través de las cartas que la
familia Bearzi les enviaban. Pero también recibieron tres cartas de su hermana,
fechadas el 13 de abril de 1977, el 30 de mayo de 1977 y el 27 de junio de 1977.
Dos de ellas estaban dirigidas a sus padres; una, a ella. Piensa que su hermana
fue obligada a escribir las cosas que escribió; cree que estaba sumamente
controlada.
Señaló
que la última noticia que tuvieron de Graciela fue en diciembre de 1977; le
habían dicho a la familia Bearzi que su hermana podría salir del país.
Finalmente,
declaró María Julia Bearzi, hija de
Luis Bearzi y Graciela Quesada.
Se
refirió a los estudios, trabajo y militancia de sus padres. Luis, estudiante
avanzado de medicina, trabajaba en el Hospital de Gonnet y Graciela estudiaba
antropología. Ambos militaron en la JUP y luego en Montoneros.
Refirió
que su padre fue asesinado el 9 de noviembre de 1976 en Tolosa con otro
compañero, Marcelo Bettini. Sus abuelos paternos pudieron recuperar sus restos
por las gestiones de Antonio Bettini y Jorge Devoto. Indicó que así pudieron
velarlo y enterrarlo según sus creencias. Su padre había sido enterrado como
N.N. y la documentación que certificaba su muerte contenía datos falsos.
Luego
explicó que su madre fue secuestrada cuatro meses después, en marzo de 1977;
muchos años pasaron hasta que tuvieron la certeza de que permaneció en La Cacha. Recordó los nombres de
Patricia Pérez Catán y Juan Carlos Guarino como liberados que dieron noticias
sobre ella. Señaló que su madre los dejó en algún lugar antes de ser
secuestrada. A través de un llamado anónimo sus abuelos paternos lograron dar
con ella y su hermano Mariano.
También
rememoró los encuentros que tuvieron con Graciela durante su secuestro. En el
mes de junio de 1977 llamó por teléfono a casa de sus suegros por el cumpleaños
de Mariano. En aquel tiempo también recibieron cartas de Graciela. Recordó que
en una oportunidad su abuela, Beatriz Poggio, iba con ella y Mariano por la
calle y vio salir a Graciela del Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército,
ubicado frente a su casa. Su madre pidió permiso para saludarlos; ante las
preguntas de Beatriz sobre dónde estaba sólo contestó que no preguntara nada.
También
mencionó un llamado que recibieron en el que aseguraban que Graciela saldría
del país; para ello necesitarían entregar cierta documentación –el certificado
de defunción de Luis Bearzi, el certificado de matrimonio-. Poco después una
persona se presentó ante su abuela paterna y se llevó los papeles.
El
último encuentro que tuvieron con ella fue para el 15 de noviembre de 1977, el
día en que Julia cumplía dos años. Su madre fue a la casa de la familia Bearzi
vigilada por dos tenientes vestidos de civil, de apellidos Aguirre y Ocampos.
Fue entonces que Vicente Bearzi observó que estaba embarazada, tal vez de
cuatro o cinco meses.
Hay
que recordar en la causa Circuito Camps,
cuya sentencia se dictó a fines de 2012, se trataron los delitos de aplicación
de tormentos y privación ilegal de la libertad en la Brigada de Investigaciones
de La Plata en perjuicio de Graciela Irene Quesada.
En
la presente causa se investiga la responsabilidad de catorce de los imputados
en esos mismos delitos cometidos en perjuicio de Graciela en La Cacha. En esta causa no se investiga
la responsabilidad por la apropiacion del hijo de Graciela.
En
último lugar, se le tomó declaración indagatoria a Jaime Lamont Smart. En la segunda audiencia del miércoles 5 de
febrero de 2014, el que fue Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires durante la última dictadura ya había expresado algunas ideas relativas a
la historia y la política argentina.
En
esta oportunidad, el ex funcionario se refirió fundamentalmente a cuestiones
relativas a su vinculación con Samuel Miara y la apropiación de los hijos de
Juan Enrique Reggiardo y María Rosa Tolosa, secuestrados en La Cacha.
Haciendo
referencia a las declaraciones de Eduardo Tolosa, intentó aclarar su relación
con el policía. Indicó que accedió a ejercer la defensa de aquel cuando estaba
en Paraguay, prófugo de la justicia argentina, por pedido de un ex alumno suyo
y camarada de Miara; asumió su defensa sin importarle cuál fuera su situación
económica.
Por
otra parte, refiriéndose a la causa que se tramitaba para restituir a los niños
a su familia, consideró que fue buena la actuación de los jueces Miguel Pons y Ricardo
Wechsler, pero que el juez Jorge Ballesteros estuvo mal al otorgarle la guarda
al tío de los niños.
También
se manifestó a favor de la conducta de Samuel Miara y Beatriz Castillo y dijo
entender que la relación con ambos no puede rectificarse nunca; también
interpretó que las acciones de la familia por restablecer el vínculo que fue
cortado con la apropiación fueron parte de un plan de lavado de cerebro.
Además
recordó episodios relacionados con la manipulación mediática de la historia de
las familias Reggiardo Tolosa, en los que participó, entre otros, Bernardo
Neustadt.
Nuevamente
volcó ciertas opiniones sobre el pasado y el presente de Argentina, que no
aportan nada a la investigación sobre los hechos evaluados en la presente
causa.
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