Embarazadas

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jueves, 2 de octubre de 2014

49° audiencia – Parte 2

A continuación se escuchó el último alegato de las querellas. Las abogadas Pía Garralda, Noelia Ailín Álvarez y Carolina Vilchez representan a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) entre otros.
Comenzaron su exposición reseñando las múltiples continuidades del aparato represivo en la actualidad. Criticaron el fragmentamiento de las causas, la parcialidad de las investigaciones y la demora de justicia como método para seguir garantizando la impunidad. Recordaron también que el Estado tiene la obligación de hacer públicos los archivos sobre el período, algo que hasta el presente se hizo en una parte muy pequeña y siempre dependiendo de pedidos muy específicos. Por otra parte, afirmaron que el entramado que el área de inteligencia logró poner en pie en el pasado sigue vigente por medio de nuevos programas de vigilancia y espionaje y el secreto que los protege.
Indicaron que la parcialidad en los juzgamientos se reitera en todo el país; sólo se juzga a algunas figuras paradigmáticas por algunas víctimas. El objetivo de la querella es juzgar a todos y cada uno de los genocidas por todas las víctimas, llevar adelante las investigaciones y juzgamientos en base a las nóminas de las fuerzas armadas y de seguridad.
Refirieron, como ya lo hicieron todas las querellas, las distintas leyes, reglamentos, decretos, actas, que dieron forma a la represión. Destacaron que el área de inteligencia tenía un entrenamiento específico, técnico y psicológico, para llevar adelante la tarea que se habían impuesto: aniquilar a la subversión. En La Cacha el Destacamento de Inteligencia 101 tenía una responsabilidad funcional. Participaban miembros civiles y militares y compartían con miembros de otras fuerzas las tareas de secuestro, interrogatorio bajo tortura, custodia de los secuestrados y traslados.
Profundizaron en la estructura y cantidad de miembros que debió tener aquel destacamento; estimaron que cerca de cien personas debieron desempeñarse allí. Por lo tanto, los 13 imputados de aquel destacamento que son juzgados hoy son apenas un pequeño porcentaje del total.
También señalaron la relación de La Cacha con otros campos de concentración y la coordinación entre las distintas fuerzas. Reseñaron los casos de víctimas que fueron trasladadas entre distintos puntos del país y, dentro de La Plata, el vínculo con dependencias oficiales como la Comisaría 8va de La Plata, la UP 9. Se probaron los vínculos de La Cacha con La Perla en Córdoba y La Cueva en Mar del Plata, entre otras.
Señalaron además la complicidad de la iglesia católica a través de autoridades como Emilio Teodoro Grasselli, el rol del poder judicial y el del cuerpo médico policial. Hablaron de la pasividad y la responsabilidad activa de los distintos agentes judiciales que rechazaron habeas corpus, demoraron decisiones, no investigaron. Por su parte, los médicos ayudaron a cerrar el círculo de impunidad al hacer desaparecer los cuerpos por medio del falseamiento de datos. Los miembros de la morgue policial de la época, cuyo rol fue central en la desaparición de los cuerpos, mantienen un pacto de silencio sobre lo sucedido y se ven amparados por la inacción judicial que les garantiza la impunidad. Esos médicos nunca estuvieron imputados en ninguna causa, a pesar de las constancias documentales y de las reiteradas denuncias.
En cuanto a las víctimas, recordaron que uno de los blancos principales fue el movimiento obrero, que poseía un alto grado de organización. También fue minado el movimiento universitario y las organizaciones políticas. En La Cacha permanecieron secuestrados militantes de Montoneros y organizaciones de superficie conexas, del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML), del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), de la Juventud Guevarista (JG), del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), del Partido Comunista (PC).
También se refirieron a conscriptos que permanecieron secuestrados allí (Juan Alberto Bozza, Esteban Colman, Alejandro Horacio García Martegani, Héctor Manuel Irastorza, Pablo Joaquín Mainer, Pedro Luis Mazzocchi, Rubén Oscar Scognamillo, Juan Carlos Valle y Carlos Alberto Weber) y estudiantes secundarios (María Silvia Bucci, Silvia Inés Cavecchia, Edgardo Daniel Cerqueira, Claudio José Fortunato, Rubén Enrique Gerenschtein, Nina Judith Golberg, Berta Noemí Itzcovich, Fernando Reyes y Daniel Orlando Talerico).
Comenzaron a referirse también a las embarazadas secuestradas en La Cacha, pero siendo más de las 20.00 hs, la audiencia quedó suspendida hasta el viernes próximo.


La próxima audiencia fue convocada para el viernes 26 de septiembre a partir de las 10.00 hs. Se prevé terminar de escuchar el alegato de la querella encabezada por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos.

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