A continuación se escuchó el último alegato de las
querellas. Las abogadas Pía Garralda, Noelia Ailín Álvarez y Carolina Vilchez
representan a la Asociación
de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) entre otros.
Comenzaron su exposición reseñando las múltiples
continuidades del aparato represivo en la actualidad. Criticaron el
fragmentamiento de las causas, la parcialidad de las investigaciones y la
demora de justicia como método para seguir garantizando la impunidad.
Recordaron también que el Estado tiene la obligación de hacer públicos los
archivos sobre el período, algo que hasta el presente se hizo en una parte muy
pequeña y siempre dependiendo de pedidos muy específicos. Por otra parte,
afirmaron que el entramado que el área de inteligencia logró poner en pie en el
pasado sigue vigente por medio de nuevos programas de vigilancia y espionaje y el
secreto que los protege.
Indicaron que la parcialidad en los juzgamientos se
reitera en todo el país; sólo se juzga a algunas figuras paradigmáticas por
algunas víctimas. El objetivo de la querella es juzgar a todos y cada uno de
los genocidas por todas las víctimas, llevar adelante las investigaciones y
juzgamientos en base a las nóminas de las fuerzas armadas y de seguridad.
Refirieron, como ya lo hicieron todas las querellas,
las distintas leyes, reglamentos, decretos, actas, que dieron forma a la represión.
Destacaron que el área de inteligencia tenía un entrenamiento específico,
técnico y psicológico, para llevar adelante la tarea que se habían impuesto:
aniquilar a la subversión. En La Cacha el
Destacamento de Inteligencia 101 tenía una responsabilidad funcional.
Participaban miembros civiles y militares y compartían con miembros de otras
fuerzas las tareas de secuestro, interrogatorio bajo tortura, custodia de los
secuestrados y traslados.
Profundizaron en la estructura y cantidad de miembros
que debió tener aquel destacamento; estimaron que cerca de cien personas
debieron desempeñarse allí. Por lo tanto, los 13 imputados de aquel
destacamento que son juzgados hoy son apenas un pequeño porcentaje del total.
También señalaron la relación de La Cacha
con otros campos de concentración y la coordinación entre las distintas
fuerzas. Reseñaron los casos de víctimas que fueron trasladadas entre distintos
puntos del país y, dentro de La
Plata , el vínculo con dependencias oficiales como la Comisaría 8va de La Plata , la UP 9. Se probaron los vínculos
de La Cacha con La Perla
en Córdoba y La Cueva en Mar del
Plata, entre otras.
Señalaron además la complicidad de la iglesia
católica a través de autoridades como Emilio Teodoro Grasselli, el rol del
poder judicial y el del cuerpo médico policial. Hablaron de la pasividad y la
responsabilidad activa de los distintos agentes judiciales que rechazaron
habeas corpus, demoraron decisiones, no investigaron. Por su parte, los médicos
ayudaron a cerrar el círculo de impunidad al hacer desaparecer los cuerpos por
medio del falseamiento de datos. Los miembros de la morgue policial de la
época, cuyo rol fue central en la desaparición de los cuerpos, mantienen un
pacto de silencio sobre lo sucedido y se ven amparados por la inacción judicial
que les garantiza la impunidad. Esos médicos nunca estuvieron imputados en
ninguna causa, a pesar de las constancias documentales y de las reiteradas
denuncias.
En cuanto a las víctimas, recordaron que uno de los
blancos principales fue el movimiento obrero, que poseía un alto grado de
organización. También fue minado el movimiento universitario y las
organizaciones políticas. En La Cacha permanecieron
secuestrados militantes de Montoneros y organizaciones de superficie conexas,
del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML), del Partido Revolucionario de
los Trabajadores (PRT), de la Juventud Guevarista (JG), del Partido Socialista
de los Trabajadores (PST), del Partido Comunista (PC).
También se refirieron a conscriptos que permanecieron
secuestrados allí (Juan Alberto Bozza, Esteban Colman, Alejandro Horacio García
Martegani, Héctor Manuel Irastorza, Pablo Joaquín Mainer, Pedro Luis Mazzocchi,
Rubén Oscar Scognamillo, Juan Carlos Valle y Carlos Alberto Weber) y
estudiantes secundarios (María Silvia Bucci, Silvia Inés Cavecchia, Edgardo
Daniel Cerqueira, Claudio José Fortunato, Rubén Enrique Gerenschtein, Nina
Judith Golberg, Berta Noemí Itzcovich, Fernando Reyes y Daniel Orlando Talerico).
Comenzaron a referirse también a las embarazadas
secuestradas en La Cacha , pero siendo
más de las 20.00 hs, la audiencia quedó suspendida hasta el viernes próximo.
La próxima audiencia fue convocada para el viernes 26
de septiembre a partir de las 10.00 hs. Se prevé terminar de escuchar el
alegato de la querella encabezada por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos.
Nina Judith Golberg, no era estudiante secundaria; cursaba primer año de abogacía, en la UNLP.
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