39° audiencia

La jornada del viernes 18 de julio de 2014 comenzó con la solicitud del defensor de Julio César Garachico, Julio Ricardo Beley, de que su defendido no sea trasladado para presenciar las audiencias. Por su parte, el defensor oficial ad hoc Martín José Adrogué, volvió a formular el pedido que hiciera en la audiencia anterior para suspender el juicio por Jorge Héctor Di Pasquale hasta tanto aquel pueda presenciar el debate. El tribunal lo rechazó nuevamente.

A continuación se escuchó la declaración de Anahí Marina Ginarte, antropóloga recibida en la Universidad Nacional de La Plata y miembro del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Su declaración se centró en exponer las circunstancias de la exhumación e identificación de los restos de dos mujeres que permanecieron secuestradas en La Cacha, Elena Arce y Nora Livia Formiga.

Recordó que el 4 de octubre de 1999 comenzó la excavación en tres sepulturas del Cementerio de La Plata, de la cual participó. Se trataba de tres personas que fueron inhumadas como N.N. con ingreso en el lugar en enero de 1978. Según los restos encontrados, los tres cuerpos habrían sido depositados en las tumbas por personal del cementerio.

Después del análisis de laboratorio y de las pericias genéticas, concluyeron que los restos pertenecían a Elena Arce, Margarita Delgado y Nora Livia Formiga. En los tres casos relevaron lesiones óseas compatibles con disparos y además encontraron restos de vestimenta, calzado, un anillo y proyectiles.

Los delitos cometidos en perjuicio de Margarita Delgado no se incluyeron en esta causa.

En la parte final de la audiencia se escuchó al defensor oficial ad hoc Martín José Adrogué, quien solicitó que se cite a declarar a un testigo que podría referir circuntancias relativas a dos de sus defendidos.

Por su parte, el defensor de Claudio Raúl Grande, Juan José Losinno, aportó nueva prueba. Con una exposición farragosa y plagada de digresiones, el abogado intentó explicar, una vez más, que su defendido no es Pablo, el agente de inteligencia y estudiante de veterinaria que se paseaba por el campo de concentración La Cacha con perros y que formaba parte de la guardia y participaba en los interrogatorios bajo tortura de las personas secuestradas allí.

Ahora indicó tener nuevos elementos que presenta al tribunal para que se acepten como parte de la prueba que servirá para decidir la sentencia.

Una parte de esta prueba nueva proviene de las redes sociales. Indagó en el perfil de Facebook de la esposa del Estanislao Chiara Vieyra, Marta Mazzilli, y encontró datos que corroborarían la identidad de aquel con Pablo: le gustan los instrumentos musicales, se relaciona con la cría de ovejeros alemanes, tiene ojos azules. Agregó que entre los comentarios que leyó se indicaba que Chiara Vieyra le prohibió a su esposa publicar su imagen.

Por otra parte, planteó que existiría una maniobra de encubrimiento en favor de Chiara Vieyra y en perjuicio de su defendido. Citó como ejemplo que al cruzar datos de personal civil de inteligencia del Destacamento de Inteligencia 101 con los legajos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLP, sólo surgió el nombre de Grande; además, el legajo militar de Chiara Vieyra fue remitido en forma parcial y sugestivamente sin foto, cosa que no sucedió en otros casos. Chiara Vieyra tampoco fue imputado en la instrucción a pesar de contar con datos para hacerlo y tener mayor jerarquía que Grande. Losinno agregó que aquel pasó un mes destinado en Neuquén y que tampoco fue imputado en la causa que investigó los crímenes cometidos allí.

Como responsables del encubrimiento acusó al Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Luis María Carena, y al Jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino, César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani, ambos provenientes del área de inteligencia del Ejército. Losinno agregó que actualmente la hija de Estanislao Chiara Vieyra, Guadalupe Chiara Vieyra, sería secretaria personal de Carena.

Finalmente, ante la queja de las querellas y el pedido del tribunal de que ofreciera concretamente la prueba, pidió legajos y otras medidas que apuntan a indagar en el rol de Chiara Vieyra, además de solicitar su indagatoria. Las querellas se opusieron a la introducción de la documentación presentada por Losinno y reclamaron que hiciera su presentación ante el Juzgado de Instrucción en el que aún se tramita la investigación por los delitos cometidos en La Cacha.

La próxima audiencia fue convocada para el miércoles 13 de agosto a partir de las 10.00 hs.

38° audiencia

La jornada del miércoles 16 de julio de 2014 comenzó cerca del mediodía en forma accidentada.

El defensor oficial ad hoc, Martín José Adrogué, solicitó que se suspendiera el proceso por su defendido Jorge Héctor Di Pasquale, ya que el mismo manifestó querer estar presente en todas las audiencias y se vería impedido de hacerlo por razones de salud. El tribunal rechazó el pedido, entendiendo que puede tener acceso al proceso a partir del registro audiovisual.

Por otra parte, el abogado dijo no haber estado al tanto de la decisión del tribunal de continuar en la presente audiencia con las indagatorias que restaban, por lo que solicitó un cuarto intermedio para comunicarse con sus defendidos, quienes estaban aguardando en Ezeiza para realizar sus declaraciones por teleconferencia, asistidos por Damián Brumer.

Después de otros pedidos de las defensas, se escuchó la declaración testimonial de Patricia Bernardi, miembro fundadora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y coordinadora del área de laboratorio del organismo.

Comenzó su declaración refiriéndose a los pasos generales que siguen en cada investigación para determinar la identidad de restos humanos encontrados. Indicó que se realiza una investigación preliminar, basada en fuentes orales y escritas; luego avanzan en el trabajo de campo, en el que se recuperan los restos óseos; a continuación el trabajo se centra en el laboratorio, para reconstruir y asociar los restos encontrados y finalmente se trata de determinar la identidad comparando la información genética de los restos con los distintos grupos familiares.

Luego se refirió en particular a la identificación de los restos de Olga Noemí Casado. Un acta de defunción certificaba el ingreso en el Cementerio de La Plata de una persona, N.N., de sexo femenino, de cerca de 25 años, fallecida el 1° de marzo de 1978 por hemorragia interna causada por proyectil de arma de fuego. En la Causa Alaye se solicitó entonces la exhumación de aquellos restos que yacían en una fosa individual. Al realizarse la excavación en 2009, encontraron en ella restos óseos, vestimenta y varios proyectiles.

Patricia se refirió detalladamente a las lesiones que encontraron en el análisis de laboratorio. Hallaron orificios producidos por proyectiles en el cráneo y lesiones en varios huesos; al menos seis impactos de bala pudieron verificarse por el daño hecho en las piezas óseas, pero en la fosa se encontraron restos de diecisiete proyectiles. También señaló que la identificación de los restos fue rápida y que pudieron determinar que se trataba de Olga Noemí Casado, secuestrada el 11 de octubre de 1977, embarazada de entre 7 y 8 meses, vista en La Cacha por Juan Carlos Guarino y Bonifacia Díaz, asesinada el 1° de marzo de 1978 y luego inhumada en una fosa individual.

A continuación se refirió brevemente a la identificación de los restos del compañero de Olga, Juan Oscar Cugura, cuyos restos también habían ingresado en el Cementerio de La Plata como N.N., con fecha de defunción el 11 de octubre de 1977.

También indicó que el EAAF participó en las pericias de exhumación e identificación de los restos de otras ocho personas que permanecieron secuestradas en La Cacha.

El 22 de septiembre de 1977 ingresaron en el Cementerio de La Plata los restos de cuatro hombres y cuatro mujeres como N.N. Después de consultar fuentes orales y documentales, el EAAF procedió a exhumar los restos de este grupo y lograron identificar en él a Stella Maris Bojorge, María Ilda Delgadillo, María Susana Leiva, Octavio Alcides Barrenese, Adrián Claudio Bogliano y César San Emeterio. Restan identificar una mujer y un hombre.

Por otra parte, en el Cementerio de Avellaneda, excavaron una fosa común en la encontraron restos de dos hombres y una mujer enterrados como N.N. De este grupo fueron identificados María Magdalena Mainer y Pablo Joaquín Mainer y resta identificar un hombre. Señaló que los restos de Pablo Joaquín presentaban lesiones nunca antes vistas: cortes efectuados en las articulaciones con hojas finas y anchas, tal vez con el próposito de desmembrar el cuerpo.

Después de este testimonio, se escucharon las declaraciones indagatorias de cuatro imputados por teleconferencia desde Ezeiza.

En primer lugar lo hizo Miguel Ángel Amigo, quien declaró que en el año 1978 se encontraba ausente de La Plata. Dijo que el 15 de noviembre de 1976 fue herido y, después de haber permanecido internado, fue llevado en helicóptero hasta su casa, ubicada en el Barrio Parque Gral. San Martín; tenía entonces 29 años. Luego permaneció internado en el Hospital Militar de Campo de Mayo y también fue tratado en el Hospital Militar Central; además de su herida en el pulmón izquierdo recalcó que sufrió de “síntoma postraumático de guerra”. Dijo también que hasta febrero de 1977 estuvo bajo tratamiento psicológico y que pudo tranquilizarse de la vida tan terrible que llevaba antes, luchando contra la subversión.

Agregó que a partir de su recuperación y hasta fines de 1978 estuvo cursando en la Escuela Superior de Guerra. Repasó también sus estudios en el Colegio Marista, Don Bosco, la Universidad de El Salvador; allí estudió Recursos Humanos y fue profesor en durante ocho años.

A continuación se expresó Carlos del Señor Hidalgo Garzón quien, si bien no declaró, se refirió extensamente a su salud. Indicó que está bajo tratamiento psicoterapéutico y que después de haber sido herido en la Guerra de Malvinas enfermó psiquiátricamente. Solicitó ser atendido por algún psiquiatra especialista en veteranos de guerra. También se refirió a su profesión: es abogado, especializado en derecho administrativo y criminología.

Finalmente, Luis Orlando Perea y Ricardo Armando Fernández decidieron no declarar; el último sólo se refirió a sus problemas de salud: padece depresión ansiosa y debe consumir una dieta especial.

La próxima audiencia fue convocada para el viernes 18 de julio a partir de las 10.00 hs. Se prevé escuchar la declaración de miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Mañana declaran miembros del EAAF en el juicio por los crímenes de La Cacha

(Gacetilla de Prensa)

Abuelas de Plaza de Mayo informa que mañana, miércoles 16 de julio, desde las 10, prestarán testimonio en el juicio por los crímenes de La Cacha miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense que realizaron excavaciones para determinar el lugar exacto donde se encontraba ese CCD.

A su vez, declararán por la identificación de los restos de Olga Noemí Casado, una de las siete embarazadas cuyo caso que está contemplado en este proceso.

El TOF Número 1 de La Plata juzga a 21 imputados por los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 135 víctimas. Las audiencias se desarrollan los miércoles y viernes en la sala de la ex Amia (Calle 4, entre 51 y 53, La Plata) y se transmiten por medio del portal del Centro de Información Judicial de la Corte Suprema de Justicia (www.cij.gov.ar).

Esperamos contar con el apoyo de los medios y la sociedad en general para alcanzar Memoria, Verdad y Justicia para nuestros/as hijos/as y nietos/as.

37° audiencia

La jornada del viernes 11 de julio de 2014 comenzó mucho después de pasado el mediodía. El tribunal se pronunció sobre el pedido de ampliación de la acusación formulado en la audiencia del miércoles 2 de julio y comenzó la nueva ronda de indagatorias.

El juez Pablo Daniel Vega dio a conocer la decisión de aceptar la ampliación de la acusación por el homicidio doblemente agravado de Olga Noemí Casado y Laura Estela Carlotto sobre dieciséis imputados:

1.                   Acuña, Héctor Raúl

2.                   Amigo, Miguel Ángel

3.                   Balmaceda, Roberto Armando

4.                   Batalla, Rufino

5.                   Cacivio, Gustavo Adolfo

6.                   Di Pasquale, Jorge Héctor

7.                   Espinoza, Raúl Ricardo

8.                   Fernández, Ricardo Armando

9.                   Grande, Claudio Raúl

10.               Herrero Anzorena, Emilio Alberto

11.               Hidalgo Garzón, Carlos del Señor

12.               Miranda, Isaac Crespín

13.               Palavezzati, Anselmo Pedro

14.               Perea, Luis Orlando

15.               Romero Pavón, Carlos María

16.               Smart, Jaime Lamont

El juez se esmeró en explicar las causas por las que tanto él como Pablo Jantus votaron a favor de aceptar la ampliación de acusación en dos casos solamente y rechazar los pedidos formulados por otras veinticuatro víctimas. Vega se detuvo en comentar los argumentos de la decisión, refiriéndose a cada pedido en particular. Dijo que, a su entender, las querellas hicieron un esfuerzo por ampliar la acusación pero que no ofrecieron elementos novedosos para agravar los mismos sucesos por los que se acusa a los imputados y, fundamentalmente, se explayó sobre las condiciones que se deben cumplir según el art. 381 del Código Procesal Penal de la Nación. El voto de la mayoría aceptó el pedido formulado por la fiscalía y por la querella de Abuelas de Plaza de Mayo que, como sucedió en otras oportunidades, fue más amplio que el formulado por el Ministerio Público.

Por su parte, el presidente del tribunal, Carlos Alberto Rozanski, dio a conocer su voto en disidencia. Señaló que adhería a la ampliación por los homicidios de Casado y Carlotto y que aceptaba el resto de los pedidos formulados. A diferencia de sus colegas, los argumentos de Rozanski se fundaron en cuestiones históricas, además de legales.

En primer lugar llamó la atención sobre la particularidad de este tipo de juicios dada por la cantidad de víctimas, el tipo de delitos cometidos, el contexto en el que se cometieron y los 37 años transcurridos entre su comisión y el presente, poniendo a prueba el sistema legal y a las partes. Indicó entonces que tener una lectura cerrada, hermética, de la norma, una lectura que deje de lado esa realidad, puede ocasionar situaciones injustas. Reseñó además las dificultades y limitaciones que se les impusieron a las querellas en la etapa de instrucción, durante la cual muchos pedidos planteados en el momento adecuado fueron ostensiblemente desatendidos.

En segundo lugar se refirió a la unidad histórica real que se debe reconocer al abordar el juzgamiento de estos delitos. De acuerdo con su opinión, negar la ampliación por los homicidios en este contexto implica seccionar esa unidad y retrotraer la investigación a etapas anteriores. Esto además lleva indefectiblemente a la revictimización intolerable de testigos y víctimas y genera una demora incomprensible que puede verse como una estrategia para sostener la impunidad. Rozanski afirmó que el tribunal, en esta instancia, tiene la posibilidad de evitar esos abusos y que, según consideró, resulta más importante que satisfacer el condicionamiento de introducir elementos novedosos.

Indicó además que el art. 381 debe interpretarse de manera amplia y armónica con las convenciones que forman parte del sistema judicial argentino, que termina en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el órgano máximo de nuestro sistema judicial.

En el final de su exposición Rozanski afirmó que seccionar las investigaciones va en contra del compromiso que tiene el Estado de investigar seriamente y de sancionar los delitos cometidos, recordando lo expresado en el primer fallo de la CIDH, Velásquez Rodríguez Vs. Honduras:

176. El Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención.

177. En ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de hechos que atenten contra derechos de la persona. La de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado.

Después de un cuarto intermedio comenzó la nueva ronda de indagatorias por el homicidio doblemente agravado de Olga Noemí Casado y Laura Estela Carlotto. Los imputados Claudio Raúl Grande, Raúl Ricardo Espinoza, Héctor Raúl Acuña, Isaac Crespín Miranda, Jaime Lamont Smart, Rufino Batalla, Roberto Armando Balmaceda, Gustavo Adolfo Cacivio, Carlos María Romero Pavón, Anselmo Pedro Palavezzati y Emilio Alberto Herrero Anzorena subieron al estrado y, después de leerse las nuevas imputaciones, cada uno indicó que no declararía.

La próxima audiencia fue convocada para el miércoles 16 de julio a partir de las 10.00 hs. Se prevé escuchar las últimas indagatorias y la declaración de miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Cronograma de audiencias

La próxima audiencia fue convocada para el viernes 11 de julio a partir de las 10.00 hs. Se prevé que el tribunal comunique la resolución sobre el pedido formulado por las querellas y la fiscalía en la audiencia pasada.

36° audiencia

En la jornada del viernes 4 de julio de 2014 se escucharon las respuestas de las defensas a los pedidos de ampliación de la acusación de las querellas y la fiscalía y el testimonio de Claudia Bellingeri.

En primer lugar el defensor oficial ad hoc Martín Adrogué respondió oponiéndose a la ampliación de acusación solicitada en todos los casos. Esgrimió que aceptarlas implicaría una violación al debido proceso, favoreciendo a los acusadores que no formularon la petición en el momento oportuno. A su entender las querellas ejercieron defectuosamente su representación al no introducir en etapas previas los planteos que ahora presentan como novedosos. También objetó que algunos homicidios endilgados hayan sucedido en 1978, período que no es objeto en esta causa. Dijo que las querellas hicieron una imputación indiscriminada, sin referir acabadamente los hechos para que los imputados puedan defenderse adecuadamente. Finalmente, solicitó que en caso de aceptar el pedido de las querellas y la fiscalía se suspenda el debate para ofrecer nueva prueba.

En segundo lugar se expresó el abogado Martín Herrero Carré –defensor de Luis Orlando Perea-, quien adhirió a lo expuesto precedentemente.

En tercer lugar tomó la palabra Jaime Lamont Smart, quien ejerce su propia defensa. En su nada breve exposición se detuvo en citar, comentar y rememorar la historia del Código Penal y Código Procesal Penal de la Nación. Discurrió sobre la interpretación del art. 381 y dijo que en esta etapa no se pueden incorporar nuevos delitos en la acusación. Se detuvo en el análisis de algunos casos, rechazando la pertinencia de incluir sus homicidios en este juicio. También explicó las diferencias que existen entre la indagatoria que se produce en la etapa de instrucción y en la etapa de juicio y se pronunció a favor de que les otorguen todas las garantías procesales a los imputados como él, algo que en el pasado no habría estado dispuesto a conceder.

En cuarto lugar habló Juan José Losinno –defensor de Claudio Raúl Grande-, a quien le fue delegada además la representación de Julio Ricardo Beley –defensor de Julio César Garachico-. Muy breve y ampulosamente cuestionó los pedidos de las querellas y la fiscalía, adhiriendo a los planteos formulados por la defensoría oficial y el imputado Smart.

A continuación, la fiscalía y las querellas de Abuelas de Plaza de Mayo, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y la Provincia de Buenos Aires, la querella encabezada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata, la encabezada por María Laura Bretal y la de Laura Bogliano contestaron a las manifestaciones de las defensas.

Después de un cuarto intermedio, se escuchó la declaración de Claudia Bellingeri, directora del Programa Justicia por Crímenes de Lesa Humanidad de la Comisión Provincial por la Memoria.

Explicó que su tarea es trabajar sobre un acervo documental enorme constituido por los documentos de lo que fue la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). En su conjunto estos documentos registran las acciones de esta institución sobre toda la Provincia de Buenos Aires y, al mismo tiempo, recopilan información que la misma intercambió con otras agencias de inteligencia como la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y el Destacamento de Inteligencia del Ejército 101.

Como ya se había informado por escrito sobre la documentación encontrada pertinente a esta causa, la exposición de Claudia se centró en ejemplificar y explicar los distintos tipos de documentos encontrados y los alcances de su contenido.

Se refirió a la importante relación del Servicio Penitenciario Bonaerense con el funcionamiento general de La Cacha, tanto por la ubicación del predio como por la implicación del personal penitenciario en el circuito clandestino de represión. Asimismo refirió la relación de esta fuerza con el servicio de inteligencia del Ejército por medio del Batallón de Inteligencia 601.

Señaló que en el funcionamiento de La Cacha claramente intervinieron la Armada, el Destacamento de Inteligencia del Ejército 101, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la delegación de la SIDE en La Plata, la Policía Federal y el Servicio Penitenciario Bonaerense.

Repasó también las distintas leyes y directivas que dieron forma a la persecución política llevada adelante por la dictadura, entre ellas las directivas del Ejército 404 / 75 –Lucha contra la Subversión- y 405 / 76 –Reestructuración de jurisdicciones-. En ese marco destacó el lugar medular que ocuparon los órganos de inteligencia de las distintas fuerzas para llevar adelante aquella persecución. Cada fuerza de seguridad contaba con su órgano de inteligencia y éstos a su vez se articulaban entre sí.

También se refirió a las pruebas existentes de esta articulación. La DIPPBA registró en sus archivos distintos pedidos de información de parte del Destacamento de Inteligencia del Ejército 101 como solicitudes de antecedentes, de nóminas de militantes dentro de las fábricas y otras instituciones, de capturas, de averiguación de domicilio. En varios de documentos que sirvieron de ejemplo en su exposición figuraban las firmas del imputado Anselmo Pedro Palavezzati y del fallecido Alejandro Agustín Arias Duval. En otros documentos aparecen los imputados Miguel Ángel Amigo y Gustavo Adolfo Cacivio como participantes en operativos llevados adelante por varias fuerzas.

Claudia también se refirió a la normativa formulada por la Armada, el Plan Capacitación contra Insurgencia Terrorista de la Armada (PLACINTARA). En este contexto destacó la acción de esta fuerza en la persecución política y represión en la zona de La Plata, Berisso y Ensenada. Ejemplificó además con documentos que indican que personas que permanecieron secuestradas en La Cacha fueron objeto del seguimiento de la inteligencia de la Armada.

Por su parte, el Servicio Penitenciario Bonaerense, cuyo servicio de inteligencia fue creado en 1975, mantuvo contactos con los órganos de inteligencia del resto de las fuerzas según las pruebas documentales encontradas.

Claudia también se refirió a la coordinación que tuvo existir entre las distintas fuerzas y las distintas jurisdicciones para llevar a cabo los asesinatos presentados como enfrentamientos. Citó los casos de Stella Maris Giourgas y Carlos Alberto Weber, quienes después de permanecer secuestrados en La Cacha fueron llevados hasta una zona cercana a Mar del Plata, en donde ellos dos y otra persona resultaron asesinados y Carlos Aurelio Bozzi, secuestrado en Mar del Plata, fue liberado. Laura Estela Carlotto y Carlos Luis Lahitte fueron asesinados en circunstancias análogas.

Destacó además que estos falsos enfrentamientos no aparecen registrados en los libros de entrada de la DIPPBA, es decir, no ingresan como hechos ocurridos informados por los agentes de inteligencia. Agregó que pudieron detectar cinco hechos fraguados relacionados con personas que permanecieron secuestradas en La Cacha.

Claudia indicó que la DIPPBA perseguía a las personas por sus actividades; esta lógica es la que organiza la documentación conservada en la que se puede rastrear la persecución previa, la fuente de información que hizo posible los secuestros, torturas y asesinatos.

La próxima audiencia fue convocada para el viernes 11 de julio a partir de las 10.00 hs. Se prevé que el tribunal comunique la resolución sobre el pedido formulado por las querellas y la fiscalía en la audiencia pasada.

35° audiencia

En la jornada del miércoles 2 de julio de 2014 la fiscalía y seis querellas ampliaron su acusación. Resumiendo los pedidos efectuados, dieciséis acusados verían modificada sus imputaciones por el homicidio de veintiséis víctimas de este proceso.

Los acusados son:

1.                 Amigo, Miguel Ángel

2.                 Acuña, Héctor Raúl

3.                 Balmaceda, Roberto Armando

4.                 Batalla, Rufino

5.                 Cacivio, Gustavo Adolfo

6.                 Di Pasquale, Jorge Héctor

7.                 Espinoza, Raúl Ricardo

8.                 Fernández, Ricardo Armando

9.                 Grande, Claudio Raúl

10.             Herrero Anzorena, Emilio Alberto

11.             Hidalgo Garzón, Carlos del Señor

12.             Miranda, Isaac Crespín

13.             Palavezzati, Anselmo Pedro

14.             Perea, Luis Orlando

15.             Romero Pavón, Carlos María

16.             Smart, Jaime Lamont

Las víctimas son:

1.                 Arce, Elena

2.                 Barrenese, Octavio Alcides

3.                 Bogliano, Adrián Claudio

4.                 Bojorge, Stella Maris

5.                 Cagni, Julio César

6.                 Carlotto, Laura Estela

7.                 Casado, Olga Noemí

8.                 Delgadillo, María Ilda

9.                 Formiga, Nora Livia

10.             García Cano, Guillermo Marcos

11.             Giourgas, Stella Maris

12.             Hourquebie de Francese, María Mercedes

13.             Mainer, María Magdalena

14.             Mainer, Pablo Joaquín

15.             Mazzocchi, Pedro Luis

16.             Moncalvillo, Domingo Héctor

17.             Morettini, María del Carmen

18.             Pascua, Otilio Julio

19.             Quesada, Graciela Irene

20.             Quinteros, Susana Beatriz

21.             Ramírez Abella, Elba Leonor

22.             Reggiardo, Juan Enrique

23.             San Emeterio, César

24.             Seoane Toimil, María

25.             Silvestri, Nora Liliana

26.             Weber, Carlos Alberto

En primer lugar, Laura Fecchino, representante de la querella de la familia Bettini, indicó que a partir de los testimonios de Marta María Mercedes Bettini y de Adelina Dematti de Alaye prestados a lo largo del debate surgió una posibilidad adicional sobre la concreción del asesinato de Marcelo Gabriel José Bettini.

Marta Bettini contó que su marido, Jorge Alberto Daniel Devoto, vio el cuerpo de su hermano Marcelo en la morgue y le contó que lo vio muy golpeado. Estos golpes no se condicen con la ingesta inmediata de cianuro; esta última era la hipótesis sostenida hasta ahora sobre las circunstancias que causaron su muerte.

Por otra parte, Adelina Dematti expuso sobre la asiduidad con la que los datos insertos en las actas de defunción eran falsos.

Por esto la querella concluyó que existen datos suficientes para pensar que las circunstancias que rodearon el asesinato de Marcelo Bearzi sean distintas a las que se presumieron hasta el momento. Es así que la imputación por el homicidio de Marcelo se sostiene, pero se plantea una nueva descripción sobre su asesinato.

Los imputados por este caso son:

1.             Etchecolatz, Miguel Osvaldo

2.             Garachico, Julio César

3.             Gargano, Eduardo

4.             Luján, Horacio Elizardo

5.             Smart, Jaime Lamont

En segundo lugar se manifestó el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Hernán I. Schapiro y Gerardo R. Fernández.

Acusaron a catorce imputados por el homicidio de Olga Noemí Casado de Cugura. Expresaron que la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó el 23 de abril de 2012 la identificación de los restos de la joven, después de que la causa hubiera sido elevada a juicio. Por ese motivo no incluyeron antes esta acusación en su pedido.

Los fiscales se explayaron sobre cuestiones relativas a la legitimidad de plantear la ampliación de la acusación en este momento del juicio. Se refirieron también a que, en este contexto, el homicidio constituye un hecho diferente pero vinculado a los hechos imputados anteriormente –privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos-. También reseñaron el contexto general y sistemático de exterminio en el que se inserta este caso y la afectación de derechos básicos y el rol que ocupó cada uno de los imputados en la estructura de exterminio. Por el homicidio de Olga Noemí Casado de Cugura responsabilizaron a:

Plana mayor del Destacamento de Inteligencia 101, capacidad de mando sobre La Cacha

1.                 Balmaceda, Roberto Armando

2.                 Cacivio, Gustavo Adolfo

3.                 Di Pasquale, Jorge Héctor

4.                 Fernández, Ricardo Armando

5.                 Herrero Anzorena, Emilio Alberto

6.                 Hidalgo Garzón, Carlos del Señor

7.                 Palavezzati, Anselmo Pedro

8.                 Romero Pavón, Carlos María

Guardias en La Cacha, personal civil del Destacamento de Inteligencia 101, agentes S

9.                 Batalla, Rufino, Todo

10.             Grande, Claudio Raúl, Pablo

11.             Espinoza, Raúl Ricardo, Jota

Personal de Inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense vinculado a La Cacha

12.             Acuña, Héctor Raúl

13.             Miranda, Isaac Crespín

Miembro del Poder Ejecutivo Provincial

14.             Smart, Jaime Lamont

También adhirieron al pedido formulado por la querella de la familia Bettini.

En tercer lugar amplió su acusación la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, representada por Emanuel Lovelli, quien responsabilizó a dieciséis imputados por los homicidios de Laura Estela Carlotto y Olga Noemí Casado de Cugura.

Destacó la autonomía de las querellas para plantear pedidos no formulados por el fiscal, reseñó los nuevos elementos de prueba colectados en el debate y señaló que lo sucedido en estos casos se debe formular como desaparición forzada de personas, ya que se trata de un delito contínuo y complejo que va desde el secuestro, involucra la tortura y termina con el asesinato. Por los homicidios de Laura Estela Carlotto y de Olga Noemí Casado de Cugura responsabilizó a:

1.                 Acuña, Héctor Raúl

2.                 Amigo, Miguel Ángel

3.                 Balmaceda, Roberto Armando

4.                 Batalla, Rufino

5.                 Cacivio, Gustavo Adolfo

6.                 Di Pasquale, Jorge Héctor

7.                 Espinoza, Raúl Ricardo

8.                 Fernández, Ricardo Armando

9.                 Grande, Claudio Raúl

10.             Herrero Anzorena, Emilio Alberto

11.             Hidalgo Garzón, Carlos del Señor

12.             Miranda, Isaac Crespín

13.             Palavezzati, Anselmo Pedro

14.             Perea, Luis Orlando

15.             Romero Pavón, Carlos María

16.             Smart, Jaime Lamont

En cuarto lugar la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, representada por Hernán A. Navarro y María Fernanda García, solicitó ampliar su acusación a dieciséis imputados por los homicidios de veintidós víctimas.

Adhirieron a lo dicho anteriormente sobre la autonomía de la querella y se explayaron sobre la pertinencia de incluir en este juicio las imputaciones por homicidio aunque no hayan sido incluidas anteriormente, ya que permitirían evitar la fragmentación innecesaria en distintas causas. Asimismo permitirían una mejor defensa de los imputados, ya que evita prolongar su procesamiento por hechos que representan no un delito distinto sino que presentan una continuidad delictiva.

Asimismo destacaron la responsabilidad que tiene el Estado en juzgar y sancionar adecuada y rápidamente los delitos que se ventilan en estos juicios. También adhirieron al planteo de Lovelli sobre la desaparición forzada de personas.

Señalaron que esa querella ya había incluido el análisis del homicidio de una serie de casos; otros son incorporados ahora por los datos surgidos en el debate. Ampliaron su acusación a los imputados:

1.                 Acuña, Héctor Raúl

2.                 Batalla, Rufino

3.                 Cacivio, Gustavo Adolfo

4.                 Espinoza, Raúl Ricardo

5.                 Fernández, Ricardo Armando

6.                 Grande, Claudio Raúl

7.                 Herrero Anzorena, Emilio Alberto

8.                 Hidalgo Garzón, Carlos del Señor

9.                 Miranda, Isaac Crespín

10.             Palavezzati, Anselmo Pedro

11.             Perea, Luis Orlando

12.             Romero Pavón, Carlos María

13.             Smart, Jaime Lamont

Por los homicidios de:

                                             i.                       Arce, Elena

                                           ii.                       Barrenese, Octavio Alcides

                                          iii.                       Bogliano, Adrián Claudio

                                         iv.                       Bojorge, Stella Maris

                                          v.                       Carlotto, Laura Estela

                                         vi.                       Casado, Olga Noemí

                                       vii.                       Delgadillo, María Ilda

                                      viii.                       Formiga, Nora Livia

                                         ix.                       Giourgas, Stella Maris

                                          x.                       Hourquebie de Francese, María Mercedes

                                         xi.                       Mainer, María Magdalena

                                       xii.                       Mainer, Pablo Joaquín

                                      xiii.                       Mazzocchi, Pedro Luis

                                     xiv.                       Moncalvillo, Domingo Héctor

                                      xv.                       Morettini, María del Carmen

                                     xvi.                       Pascua, Otilio Julio

                                   xvii.                       Quesada, Graciela Irene

                                  xviii.                       Quinteros, Susana Beatriz

                                     xix.                       Reggiardo, Juan Enrique

                                      xx.                       San Emeterio, César

                                     xxi.                       Weber, Carlos Alberto

A los imputados:

14.             Balmaceda, Roberto Armando

15.             Di Pasquale, Jorge Héctor

Por los homicidios de:

                                             i.                       Arce, Elena

                                           ii.                       Carlotto, Laura Estela

                                          iii.                       Casado, Olga Noemí

                                         iv.                       Formiga, Nora Livia

                                          v.                       Pascua, Otilio Julio

Al imputado:

16.             Amigo, Miguel Ángel

Por los homicidios de:

                                             i.                       Arce, Elena

                                           ii.                       Carlotto, Laura Estela

                                          iii.                       Casado, Olga Noemí

                                         iv.                       Formiga, Nora Livia

                                          v.                       García Cano, Guillermo Marcos

                                         vi.                       Hourquebie de Francese, María Mercedes

                                       vii.                       Mainer, María Magdalena

                                      viii.                       Mainer, Pablo Joaquín

                                         ix.                       Mazzocchi, Pedro Luis

                                          x.                       Moncalvillo, Domingo Héctor

                                         xi.                       Morettini, María del Carmen

                                       xii.                       Pascua, Otilio Julio

                                      xiii.                       Quesada, Graciela Irene

Finalmente, adhirieron al pedido de la querella de la familia Bettini en cuanto a la acusación alternativa por el caso de Marcelo Bettini sobre los imputados:

1.                 Etchecolatz, Miguel Osvaldo

2.                 Garachico, Julio César

3.                 Gargano, Eduardo

4.                 Luján, Horacio Elizardo

5.                 Smart, Jaime Lamont

En quinto lugar se expresaron las representantes de la querella encabezada por María Laura Bretal. Adhierieron en parte a los planteos formulados por las otras querellas y ampliaron su acusación a dieciséis imputados:

1.                 Acuña, Héctor Raúl

2.                 Amigo, Miguel Ángel

3.                 Balmaceda, Roberto Armando

4.                 Batalla, Rufino

5.                 Cacivio, Gustavo Adolfo

6.                 Di Pasquale, Jorge Héctor

7.                 Espinoza, Raúl Ricardo

8.                 Fernández, Ricardo Armando

9.                 Grande, Claudio Raúl

10.             Herrero Anzorena, Emilio Alberto

11.             Hidalgo Garzón, Carlos del Señor

12.             Miranda, Isaac Crespín

13.             Palavezzati, Anselmo Pedro

14.             Perea, Luis Orlando

15.             Romero Pavón, Carlos María

16.             Smart, Jaime Lamont

Por el homicidio de veintiún víctimas:

1.                 Arce, Elena

2.                 Barrenese, Octavio Alcides

3.                 Bogliano, Adrián Claudio

4.                 Bojorge, Stella Maris

5.                 Carlotto, Laura Estela

6.                 Casado, Olga Noemí

7.                 Delgadillo, María Ilda

8.                 Formiga, Nora Livia

9.                 García Cano, Guillermo Marcos

10.             Giourgas, Stella Maris

11.             Mainer, María Magdalena

12.             Mainer, Pablo Joaquín

13.             Mazzocchi, Pedro Luis

14.             Moncalvillo, Domingo Héctor

15.             Morettini, María del Carmen

16.             Pascua, Otilio Julio

17.             Quesada, Graciela Irene

18.             Quinteros, Susana Beatriz

19.             Reggiardo, Juan Enrique

20.             San Emeterio, César

21.             Weber, Carlos Alberto

Luego, en sexto lugar amplió su acusación la querella encabezada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata. Adhirieron a planteos formulados por las querellas que se expresaron precedentemente y acusaron a doce imputados:

1.                 Acuña, Héctor Raúl

2.                 Amigo, Miguel Ángel

3.                 Balmaceda, Roberto Armando

4.                 Cacivio, Gustavo Adolfo

5.                 Di Pasquale, Jorge Héctor

6.                 Fernández, Ricardo Armando

7.                 Herrero Anzorena, Emilio Alberto

8.                 Hidalgo Garzón, Carlos del Señor

9.                 Miranda, Isaac Crespín

10.             Palavezzati, Anselmo Pedro

11.             Romero Pavón, Carlos María

12.             Smart, Jaime Lamont

Por el homicidio de diez víctimas:

1.                 Bogliano, Adrián Claudio

2.                 Bojorge, Stella Maris

3.                 Casado, Olga Noemí

4.                 Delgadillo, María Ilda

5.                 Giourgas, Stella Maris

6.                 Hourquebie de Francese, María Mercedes

7.                 Quinteros, Susana Beatriz

8.                 Reggiardo, Juan Enrique

9.                 Sam Emeterio, César

10.             Weber, Carlos Alberto

Adhirieron a lo solicitado por la querella de Abuelas de Plaza de Mayo por la acusación efectuada por el homicidio de Laura Estela Carlotto, que solicitó imputar por ello a dieciséis acusados.

En último lugar se expresó la querella encabezada por Laura Bogliano, que solicitó acusar a trece imputados:

1.                 Acuña, Héctor Raúl

2.                 Batalla, Rufino

3.                 Cacivio, Gustavo Adolfo

4.                 Espinoza, Raúl Ricardo

5.                 Fernández, Ricardo Armando

6.                 Grande, Claudio Raúl

7.                 Herrero Anzorena, Emilio Alberto

8.                 Hidalgo Garzón, Carlos del Señor

9.                 Miranda, Isaac Crespín

10.             Palavezzati, Anselmo Pedro

11.             Perea, Luis Orlando

12.             Romero Pavón, Carlos María

13.             Smart, Jaime Lamont

Por los homicidios de cinco víctimas:

1.                 Bogliano, Adrián Claudio

2.                 Cagni, Julio César

3.                 Silvestri, Nora Liliana

4.                 Ramírez Abella, Elba Leonor

5.                 Seoane Toimil, María

Adhirieron a planteos formulados por la fiscalía y la querella de Abuelas de Plaza de Mayo e indicaron que, teniendo en cuenta el derecho de las víctimas, se debe responder con una reparación integral a las mismas, que comprende una investigación rápida y completa de lo sucedido. Incluir los homicidios en este juicio implicar evitar la fragmentación y revictimización de quienes deben testimoniar con cada proceso judicial iniciado.

Luego señalaron que el pilar fundamental para llevar adelante el plan represivo era la desaparición, que no era posible sin el asesinato. La desaparición sería un ocultamiento del homicidio y la garantía de la impunidad. Por ello, de las cinco víctimas mencionadas, sólo de una de ellas se pudieron identificar sus restos. Del resto se tiene una presunción cierta de su homicidio a partir de los testimonios colectados y el tiempo transcurrido desde su secuestro.

Asimismo destacaron que es una obligación del Estado remover los obstáculos que garantizan la impunidad y garantizar un pronunciamiento que abarque la realidad de lo sucedido con las víctimas. En caso de no aceptar la petición de imputar los homicidios a los acusados, el Estado debe proveer una respuesta sobre lo sucedido. También recordaron la necesidad referida por todos los testigos de poner fin al duelo.

Finalmente, la querella de la familia Bettini aclaró que también solicitarán la condena por el homidio de María Mercedes Hourquebie de Francese tal como lo describieron en su pedido de elevación a juicio.

A continuación, los abogados defensores Pablo Miguel Hawlena Gianotti -defensor de Eduardo Gargano- y Gabriel Baffigi Mezzotero -defensor de Horacio Elizardo Luján-, respondieron que no se sentían agraviados y que en los alegatos valorarán las acusaciones y expondrán sus argumentos.

Las defensas representadas por Martín Adrogué, Juan José Losinno, Martín Herrero Carré y Jaime Lamont Smart solicitaron un cuarto intermedio para responder las acusaciones formuladas en la jornada.

La próxima audiencia fue convocada para el viernes 4 de julio a partir de las 9.00 hs. Se prevé que las defensas contesten la ampliación de la acusación y se escucharán dos testigos.